HACIENDA TAMBIÉN SE EQUIVOCA

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Transcurrido el período de autoliquidación voluntaria del IRPF, la Agencia Tributaria pone en marcha sus mecanismos de comprobación que, en no pocos casos, derivan en las temidas liquidaciones paralelas. Estas liquidaciones se originan cuando se detectan errores, omisiones o supuestos fraudes en las declaraciones fiscales.

El problema con el que se ha encontrado Hacienda en los últimos tiempos, es haber utilizado procedimientos inadecuados en sus comprobaciones, lo que en la práctica como se intentará explicar, puede suponer un respiro para los afectados.

Entre los procesos de comprobación  reglados, uno de los más utilizados por la AEAT venía siendo  el de verificación de datos, el mecanismo de control más básico que contempla la legislación tributaria. Pero el error cometido por Hacienda es utilizarlo sistemáticamente en muchos casos, cuando debería haber iniciado un procedimiento de comprobación limitada, figura más compleja, más allá del mero control de carácter formal de las declaraciones. En otras palabras, ha utilizado el procedimiento de verificación de datos para comprobaciones que excedían estos límites.

Pues bien, la buena noticia para los administrados, es que los Tribunales Económicos Administrativos competentes para resolver este tipo de controversias, han dado un giro a su criterio, en el sentido de pasar de declarar dicha actuación errónea de la Administración como anulable, a reconocer la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas.

El matiz es muy importante y con diferentes resultados para el contribuyente, ya que si el acto era considerado “anulable”, a Hacienda le bastaba con dictar otra liquidación utilizando el procedimiento de comprobación limitada. Pero declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia no interrumpió la prescripción y, en muchos casos, se encontrará que el procedimiento de comprobación limitada que pretenda iniciar correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, ya haya prescrito.

A efectos prácticos, nuestro consejo es que aquellos contribuyentes que hayan sufrido y atendido en último término liquidaciones paralelas, revisen si la Agencia las dictó a través del procedimiento adecuado, pues de no ser así, podrían reclamar la devolución de los ingresos indebidos y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección, sobre la misma infracción alegada en su día por la Administración.

Eugenia Sánchez

Julio Dorado

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DE VECINO MOROSO….A VECINO CON “MORRO”

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La poca honestidad en el manejo y cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, tan de actualidad en el terreno político, afecta también a la práctica totalidad de los sectores de la sociedad, y se ha convertido en una verdadera losa para las comunidades de propietarios. Por desgracia, rara es la comunidad que está al corriente en el pago de sus cuotas por parte de sus miembros. Pero mientras hace algún tiempo la etiqueta de vecino “moroso” suponía cierta vergüenza y “caída” de ojos en el ascensor, ahora la situación es bien distinta: no sólo encontramos morosos, sino vecinos con “morro”, que en la mayoría de las ocasiones resultan ser los mayores consumidores de los suministros comunes.

 ¿De qué nos extrañamos? Nuestro país se ha ganado merecida fama con la llamada “picaresca” y, al margen de su sentido literario -más relacionado con una forma de supervivencia callejera-, los españoles a lo largo de los siglos lo hemos asimilado en nuestra cultura como un signo de sagacidad, de agudeza e incluso de inteligencia a la hora de hacer frente a dichas obligaciones comunes.

Centrándonos en el tema de fondo, cualquier comunidad de propietarios que se vea perjudicada por este tipo de situaciones, antes de acometer acciones judiciales, debe acudir mediante la junta general a la vía amistosa, enviando una carta certificada al vecino deudor “recordándole” las cuotas que tiene pendientes con la comunidad. De esta forma queda constancia de la reclamación realizada, apercibiéndole de que podría ser requerida en los Tribunales. Si no funciona esta vía, es el momento de plantearse la reclamación judicial, por medio del llamado “procedimiento monitorio”

Se trata de un procedimiento relativamente sencillo que, previamente al inicio de interposición, requiere convocar una junta de propietarios en la que figure como orden del día el inicio de acciones judiciales contra propietarios morosos, recogiendo en el Acta de celebración los datos identificativos de éstos, así como la certificación de sus deudas. Este trámite es necesario para que el vecino deudor no pueda alegar indefensión, debiendo comunicarse por escrito el acuerdo de la Junta, fehacientemente al/los propietario/s afectado/s.

 El importe de la reclamación judicial estará integrado por la cantidad que se reclame en concepto de cuotas impagadas, añadiéndole la que se derive de los gastos del requerimiento previo de pago y/o gastos de devolución de recibos, siempre que se puedan justificar.

 Una vez interpuesta en el Juzgado la petición inicial de procedimiento monitorio, el tribunal requerirá al deudor para que pague o se oponga a la misma en el plazo de 20 días. En el primer caso, al igual que si no comparece -siendo la resolución en este supuesto directamente ejecutable para solicitar embargos-, se le impondrán las costas del procedimiento. De mediar oposición, habrá que esperar a la resolución judicial que resuelva el procedimiento, rigiendo las reglas generales en materia de costas. En este último caso, una vez se archive el procedimiento monitorio, la comunidad tendrá que recurrir al juicio declarativo oportuno, en función de la cuantía reclamada, pudiendo solicitar embargos preventivos si pretenden la reclamación de la deuda.

              Nos encontramos pues ante una previsión legalmente establecida para solventar de forma sencilla las situaciones de morosidad en las comunidades de propietarios. Y podemos constatar, por nuestra experiencia, su más que contrastada efectividad y bajo coste para la propia comunidad.

JULIO DORADO

EUGENIA SÁNCHEZ

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¿ESTAMOS REALMENTE ASEGURADOS?

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¿Quién no ha recibido una llamada telefónica en la que un operador le ofrece de buenas a primeras la contratación de un seguro?. Constantemente vemos en los medios de comunicación anuncios y propaganda sobre una infinidad de modalidades y coberturas: de vida, de accidentes, de salud, de daños propios, de responsabilidad civil, de asistencia jurídica; incluso los Bancos ofrecen a sus clientes tasas de bonificación en los tipos de interés de las hipotecas, si se suscribe con ellos algún tipo de póliza. La contratación de estos seguros suele ser sencillísima; es más, en muchos casos incluso se hace por teléfono, sin conocer a nuestro interlocutor o agente, y sin ni siquiera saber de que aseguradora se trata. Pero… ¿y cuando ocurre el siniestro o el percance?. ¿Estamos realmente cubiertos? ¿Nos resulta tan sencillo obtener también la contraprestación esperada?… La respuesta es rotunda: NO.

Observamos en Teder Abogados la proliferación de casos de asegurados descontentos con sus Compañías Aseguradoras. Unas de las pólizas que presentan  mayor conflictividad son las que  los seguros llaman de Vida y Accidentes, que garantizan el pago de una cantidad determinada en caso de fallecimiento o de incapacidad permanente pero que luego rechazan los siniestros y por tanto se niegan a abonar las indemnizaciones garantizadas,  alegando con frecuencia excusas tales como la falta de notificación por parte del asegurado de una patología o enfermedad previa, o bien el  no haber cumplimentado debidamente el denominado cuestionario de salud al momento de la contratación.

En este mismo mes hemos obtenido una  sentencia favorable de fecha  20 Enero de 2015, en la que el Juzgado de primera Instancia nº10 de Vigo condena a la aseguradora a abonar a nuestro cliente la cantidad garantizada ya que no se probó una “ocultación dolosa de información por parte del asegurado en las contestaciones facilitadas acerca de su estado de salud”. En este caso la aseguradora mantenía que el asegurado había mentido al rellenar el cuestionario de salud, y ello a pesar de que falleció 5 años después de formalizar la póliza correspondiente y de muerte súbita .

Existen también numerosos conflictos derivados de los seguros de accidentes que garantizan el pago de una suma determinada en el caso de que se produzca, durante el periodo de vigencia del seguro, una situación de Invalidez Permanente, algo que parece tan obvio para el asegurado -sí tengo un accidente y me declaran en situación de incapacidad permanente el seguro me tiene que abonar la cantidad pactada-, pero luego resulta que no lo es, y se convierte en una fuente inagotable de excusas por las que el asegurador se niega al pago. Todos sabemos que una situación de invalidez permanente total o absoluta, solo puede ser declarada por una resolución dictada, bien por la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social o bien por un Órgano Judicial; es a partir de esa resolución cuando nace el derecho del asegurado a obtener  la indemnización pactada con la aseguradora. Pues bien, resulta que muchas aseguradoras se niegan al pago de las indemnizaciones alegando que la incapacidad permanente, en la que ha sido declarado el asegurado, no es la es la misma  que la que se contiene en las condiciones generales de la Póliza, es decir que las cosas no son lo que son, si  no lo que las aseguradoras quieren que sean, aunque esto solo ocurre cuando tienen que abonar una suma de dinero. Esta interpretación alternativa que realizan las Compañías de Seguros acerca de lo que es una incapacidad permanente se contiene en un “librillo” (condiciones generales) que remiten al asegurado, generalmente después de contratar la póliza de seguro. En ese “librillo” existen numerosas cláusulas limitativas entre las cuales se observa, que para la aseguradora, una incapacidad permanente total  nada tiene que ver con lo que entendemos todos, si no que más bien se asemeja a una gran invalidez (pérdida total de la visión, pérdida de la razón, amputación de un miembro, pérdida total de la audición etc..) De manera que cuando tenemos la desgracia de sufrir un accidente que nos incapacita para realizar nuestro trabajo habitual, la aseguradora se niega a abonar la indemnización. ¿Qué ocurre en estos casos?, ¿Es legítima la interpretación que hace la aseguradora de lo que es una incapacidad permanente? En realidad podría serlo, siempre y cuando dicha interpretación fuese informada y transmitida convenientemente al asegurado en el momento de contratar el seguro, cosa que nunca se hace, pues a la Compañía o al “vendedor de seguros” no le interesa que el potencial cliente conozca que en realidad no está asegurando lo que cree que está asegurando, lo que verdaderamente le interesa es vender un seguro.

Otro de los motivos que pretenden argumentar las aseguradoras para negarse al pago, es que la incapacidad en la que incurra el asegurado debe ser irreversible; tal irreversibilidad choca frontalmente con lo establecido en la Ley de General de la Seguridad Social por la que todas las Incapacidades Permanentes son revisables tanto por mejoría como por agravación. Esta cláusula limitativa es incluida por la aseguradora en el aludido “librillo” que contiene un sinfín de artículos “oscuros” de difícil lectura e imposible comprensión.

Afortunadamente existen numerosos pronunciamientos judiciales que declaran el carácter abusivo de estas cláusulas y sobre todo el que las mismas no han sido convenientemente informadas y mucho menos aceptadas expresamente por el asegurado, lo que da lugar, en la mayoría de los casos, a condenar a la aseguradora no solo al pago de las pólizas contratadas sino también a los intereses y costas judiciales.

 

Julio Dorado Calviño. Abogado

Eugenia Sánchez González. Abogado

 

 

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¿ES INEVITABLE EL DESALOJO DE LOS LOCALES DE NEGOCIO CON LA LLEGADA DEL 2015?

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Dada la extensa casuística al respecto, y la escasísima jurisprudencia- por no decir nula- que la respalde, resulta interesante analizar la situación de los contratos de arrendamiento de local de negocio suscritos con anterioridad al 9 de mayo 1985, regulados en la Disposición Transitoria 3ª de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/94).

La mencionada norma establece un tope máximo en relación con el plazo del contrato de arrendamiento de 20 años, de ahí la temida fecha 31 de Diciembre de 2014, que ha causado no pocos desasosiegos. Pero este plazo de expiración contractual, en principio y salvo algunas matizaciones, opera en los contratos cuyo arrendatario sea persona “jurídica”, ya que tratándose de persona “física”, dicho plazo no sería tal, a no ser que haya existido subrogación a favor del descendiente y siempre que no se den determinadas circunstancias.

Pues bien, en el caso de locales arrendados a persona jurídica, lo determinante para que opere el plazo de expiración del contrato a fecha 31 de Diciembre de 2014, es que fueren locales catalogados como “comerciales” o, en otro caso, con una cuota del IAE inferior a 85.000 pesetas a fecha 1 de enero 1995; pues los que abonaban más de dicho impuesto, ya han vencido, aunque pudieran estar en prórroga por tácita reconducción, en cuyo caso la resolución viene marcada por el tiempo en que se hubiere fijado el pago de la renta.

¿Y los locales arrendados a personas físicas?… Realmente, en principio, no hay fecha de extinción del contrato, pues la duración es hasta la jubilación o el fallecimiento del arrendatario que lo era a 1 de Enero de 1995 (o su cónyuge subrogado), fecha de entrada en vigor de la LAU del 94.

El único supuesto que cabe para que el arrendamiento haya terminado en la referida “temida” fecha, es decir, el 31 de Diciembre de 2014, es que la subrogación hubiese sido a favor del descendiente. Y no siempre, pues si tuvo lugar un traspaso en los diez años anteriores a la entrada en vigor de la LAU del 94, o se actualizó la renta de una sola vez, habrá un incremento de duración de cinco años en cada caso. Igual amplitud del plazo se produce si el traspaso lo hubiese realizado un arrendatario persona jurídica, en los 10 años anteriores a la entrada en vigor de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos.

Pero quizás el punto más conflictivo, debido a una redacción poco clara de la norma y que lleva a interpretaciones contradictorias,  es el traspaso realizado por el arrendatario que lo era a 1 de enero 1995 o su cónyuge, si se hubiese subrogado -no así el descendiente-, pues la Ley habla de una duración mínima del traspaso de 10 años. Sin embargo, desde mi punto de vista, y tras una lectura minuciosa de la Disposición Transitoria Tercera de la LAU del 94, que es a la que se ha venido haciendo referencia, parece más bien que el legislador de la norma, con poco acierto insistimos en su expresión, ha querido establecer un plazo tope de 20 años, pues de no ser así, no se entiende la coletilla final “(…) o por el número de años que quedaren desde el momento en que se realice el traspaso hasta computar veinte años a contar desde la aprobación de la ley(…)”

Como conclusión, ante la duda de si procede o no la resolución contractual por expiración del plazo, a fecha 31 de Diciembre de 2014, quizás lo conveniente sea un acuerdo entre las partes, no sólo porque se evitaría la vía judicial, de ser el caso, sino porque quizás para el arrendador/propietario y dada la situación en el mercado de los alquileres, es preferible optar por la seguridad conocida que la incertidumbre futura con nuevos arrendatarios… More maiorum: “más vale pájaro en mano…”

Eugenia Sánchez.  Abogada

Julio Dorado.  Abogado

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