EL COMPLIANCE SIGUE RENOVÁNDOSE

Recientemente entró en vigor la ley orgánica 1/2019, por la que se modificó el Código Penal, mediante la cual se amplió la relación de delitos por los que pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas, de esta forma vemos que el Compliance sigue renovándose y que no ha caído en el olvido.

De dicha relación de delitos destacamos los siguientes:

  • Delito contra la Hacienda Pública (art 305 y 308 CP): Se incrementa la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea, pasando de los 50.000 euros a los 100.000 euros para ser considerado delito.

No obstante se reduce el umbral delictivo de 120.000 a 100.000 euros para el delito de fraude de subvenciones (art. 308 CP). Y además, se equiparan las ayudas que concede la Unión Europea con las procedentes de cualquier Administración Pública nacional.

  • Delito de abuso de mercado: se incorporó el artículo 285 CP, que añade el delito de la comunicación ilícita de información privilegiada cuando se ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores. De esta forma, se va a penar al que posea esa información privilegiada y la revele.
  •  Delito de corrupción en los negocios (art 286 bis CP): se modificó a efectos de incluir en la conducta típica no sólo la solicitud o aceptación de un beneficio o ventaja no justificados, sino también su mero ofrecimiento o promesa de obtenerlo.
  • Delito de cohecho: se añade el artículo 427 D), que hace referencia a cualquier persona que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.
  • Delito de malversación (art 435.5º CP): se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas para todos los delitos de malversación por lo que las empresas podrán ser condenadas por administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público.
  • Delito de falsificación de moneda (art 386 y 387 CP): se eleva la protección contra la falsificación de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en circulación. Así como también se amplió, la protección del euro y de cualquier moneda extranjera cuando la falsificación de la moneda afecte en general a las fronteras de la Unión Europea.
  • Delito de tráfico de órganos humanos (art 156 bis CP): se reforma dicho artículo en lo relativo al régimen de prevención y persecución del delito.
  • Delito de lucha contra el terrorismo (art 580 bis CP): se modifica el citado precepto ampliándose los tipos delictivos no sólo a la financiación del terrorismo si no a cualquier delito relacionado con el mismo.

Resulta claro que el legislador, tanto de la Unión Europea como a nivel nacional, continúa ampliando la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo que implica la necesidad de las empresas de realizar una actualización y reevaluación de sus sistemas de cumplimiento normativo interno (Compliance- actualización y verificación periódica).

Julio Dorado

 


EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO-LEY DE ADECUACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS, SIN ESPERAR A LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY.

Desde el pasado 25 de Mayo, nadie es ajeno a los grandes cambios que Europa ha impuesto en materia de protección de datos, entre los que destaca el notable incremento de las sanciones, pues en la Ley Orgánica de 1999 la cuantía máxima prevista eran 600.000 €, y desde la Unión Europea se habla de multas de hasta 20 millones de euros o del 4 % de facturación anual.

Por otro lado, se refuerza enormemente el derecho de los interesados a la información sobre el tratamiento que por terceros se realiza de sus datos personales, incorporándose además tres derechos más a los ya conocidos como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Concretamente, se suman el derecho al olvido, a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.

Así mismo, uno de los cambios que más revuelo ha causado y que nos ha hecho a todos víctimas de innumerables correos electrónicos, es la necesidad de consentimiento expreso del interesado para tratar sus datos, debiendo ser informado de la finalidad del tratamiento, de la duración del mismo, y de las posibles cesiones a terceros de las que puedan ser objeto.

En este escenario de cambios, nos encontramos con muchas contradicciones entre el Reglamento Europeo y nuestra legislación actual, que hacen imprescindible la  aprobación de una nueva ley para adaptar nuestro ordenamiento a lo establecido en el citado reglamento, lo cual se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

Pero teniendo en cuenta el carácter urgente de la adecuación al Reglamento Europeo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio, a propuesta de la Ministra de Justicia aprobó el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

A grandes rasgos, podemos hablar de tres cuestiones que se regulan en el Real Decreto, en vigor desde hoy, 31 de julio de 2018:

1ºInspección en materia de protección de datos:

En materia de inspección, mientras que la LOPD del 99 limitaba esta función a la autoridad de control, podrán ahora realizar esta labor tanto los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos como funcionarios ajenos a la Agencia habilitados por ésta.

Además, se prevé la actuación conjunta de los Estados miembros cuando se trate de tratamientos de datos trasfronterizos o tratamientos transfronterizos con relevancia local en un único Estado, en cuyo caso habrá que actuar conforme a lo previsto en la normativa de cada Estado y con orientación y presencia de la autoridad de control de dicho Estado.

2º Régimen sancionador:

En este sentido, se incrementa el número de responsables de la vulneración de derechos de los interesados en materia de protección de datos personales, pues mientras en la LOPD se limitaba a los responsables y encargados de tratamiento, se incluyen ahora los representantes de los responsables y encargados de tratamiento (figura que se refiere a la representación en países a donde trascienda el tratamiento de los datos), las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de Códigos de Conducta.

3º Procedimiento a seguir en caso de posibles vulneraciones en materia de protección de datos:

El Reglamento Europeo distingue tres tipos de tratamientos a los que se aplican distintas normas de procedimiento: trasfronterizos, trasfronterizos con relevancia local en un Estado, y tratamientos exclusivamente nacionales.

En los dos primeros casos, esto es, en aquellos casos en que los datos trasciendan nuestras fronteras, la Agencia Española de Protección de Datos habrá de trasladar las propuestas de resolución a las autoridades de control de los Estados implicados, que en un plazo tasado habrán de emitir sus observaciones, debiendo resolver a falta de acuerdo el Comité Europeo de Protección de Datos.

En el resto de los casos, es decir, cuando estemos ante una posible vulneración en un tratamiento a nivel exclusivamente nacional, se establecen en el Real Decreto los pasos a seguir por la autoridad de control, esto es, la AEPD.

Alma Antón


LA ERA DE LA AUTORREGULACIÓN, OLE POR LOS VALIENTES!

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Este post va dirigido a aquellos que, en tiempos como los que vivimos, lejos de sucumbir ante la comodidad de ver su nómina en el banco a final de mes y no torturar a su almohada, deciden emprender una actividad económica en este país, ingenuamente convencidos, de que las dificultades que se encontrarán por el camino, estarán directamente relacionadas con el sueño por el que tan rotundamente han decidido apostar, y por ello las asumirán con gusto.

Mal sabrán ellos que aunque consigan poner en marcha su negocio,  con la satisfacción que produce que gracias a su proyecto puedan obtener el sustento los miembros que escoja para su equipo, sus problemas no han hecho más que empezar.

Tendrán que enfrentarse, simplemente por ejercer una actividad económica, a una incesante presión y fiscalización por parte de la Administración Pública, y de la Europa que viene con fuerza a imponernos sus criterios del buen hacer.

No se pretende negar el efecto positivo que tendrá el incremento de regulación y control sobre el tejido empresarial, pero será dura la transición hasta que la cultura de cumplimiento y la rigurosa observancia normativa estén tan impregnadas en el día a día de la empresa que se conviertan en algo innato a sus miembros.

Pero esto no termina aquí, pues además de tener que destinar recursos, financieros y humanos, a la observancia de la ingente cantidad de normas que rigen el desarrollo de una actividad económica, ahora se espera que sea la propia empresa quien se autoregule, se analice y decida, según su buen criterio, los riesgos que corre en su actividad y los controle como buenamente pueda.

Se ve meridianamente clara esta intención por parte de los que legislan, en los dos temas por excelencia, que a día de hoy preocupan al empresario: la adaptación al Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, y la implementación en la empresa de sistemas de Compliance, que cumplan las exigencias del Código Penal desde su reforma en el año 2015.

Como asesores jurídicos, escuchamos cada día las protestas al aire de los empresarios que se resisten a la idea de tener que hacer de policías con sus trabajadores, crear sus propias normas, vigilar el cumplimiento de las mismas, y todo ello sin la certeza de estar en el camino correcto, sin la seguridad de que, a pesar de invertir tiempo y dinero en intentar cumplir con todo el entramado de normas que pesan sobre él, va a librarse de la pena de muerte a la que se pueden enfrentar  las empresas si un empleado se salta la ley y comete un delito en el seno de la misma.

No podemos evitar la llegada de esta era, la de la autoregulación, que viene pisando fuerte desde Europa y que nos hace partícipes a todos de la labor de crear una cultura de cumplimiento en nuestras actividades profesionales. Pero lo que sí podemos, con una gran satisfacción, es acompañar al empresario en ese rumbo hacia la excelencia, ofreciéndole un asesoramiento integral, formando a sus empleados en las exigencias normativas actuales, y en definitiva, respaldándole en la incierta labor de cumplir con todos los efectos colaterales que le ha traído apostar por su sueño.

Alma Antón


CONCIENCIA DE NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE

Como se mencionaba en el último post hace unos meses, el Corporate Compliance se ha convertido en el tema jurídico estrella. De hecho, cada vez son más numerosas las empresas a las que asesoramos en el camino a la implantación de la normativa en sus organizaciones.

Y ello no es casualidad, sino que se debe al creciente interés de las corporaciones en la implantación de una cultura de cumplimiento en su seno, tanto por la exigencia del mismo en sus relaciones comerciales como por una cuestión de organización interna, lo que aumenta paulatinamente la conciencia de su necesidad.

Así mismo, pese a la ambigüedad inicial de esta normativa, que se limitaba a un artículo vago e impreciso del Código Penal, progresivamente se han ido despejando las incógnitas, precisándose cada vez más los requisitos que han de cumplirse y la operativa que ha de seguirse por las organizaciones.

Además de las directrices indicadas por la Fiscalia General del Estado, o los estándares nacionales e internacionales, a comienzos de este año, se ha publicado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), un Libro Blanco sobre la Función de Compliance, donde se recogen los trazos básicos que definen los pasos que deben dar las organizaciones para su implantación y el cometido esencial de los responsables dentro de la misma.

Se habla en el mismo de la importancia de la prevención, detección y gestión de los riesgos empresariales en el ámbito penal, para cuyo análisis habrán de tomarse en consideración las circunstancias internas y externas de las compañías. Dentro de las circunstancias internas jugarán un papel importante, tanto en el riesgo empresarial que exista como en la complejidad de atajarlo, las cifras de negocio, el número de empleados, los terceros con quien mantiene relaciones de negocio, o la complejidad de las transacciones que realiza. Por otro lado, influirá como circunstancia externa el sector en que opere la empresa, su objeto social o el marco regulador al que esté sometida.

También se resalta la necesidad de que la función del oficial u órgano de cumplimiento, esté dotada de autonomía e independencia, con poder suficiente para la toma de decisiones y lejos de influencias o incentivos como las relaciones comerciales o las cifras económicas de la empresa, que en ningún momento deben guardar relación con su labor o incidir en ella.

Por tanto, es creciente y así nos lo hacen saber nuestros clientes, la conciencia de la necesidad de adoptar un sistema de cumplimiento normativo interno, como factor clave para el buen gobierno corporativo, implicando a todos los miembros de la misma y dotándola de personal cualificado para su gestión.

Alma Antón


CORPORATE COMPLIANCE. EL TEMA JURÍDICO ESTRELLA

A pesar de que hace ya siete años de la incorporación en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su seno, parece que en los últimos meses se ha convertido en el tema jurídico estrella y en la principal preocupación para los directivos de empresas de nuestro país.

Ello puede responder al escepticismo inicial que rodeó a esta nueva figura jurídica, pues nadie comprendía aquello de “una empresa puede cometer delitos”, lo que ha hecho que su engranaje haya tenido dificultades en nuestro ordenamiento. No obstante ello no ha detenido a los Tribunales que ya cuentan a día de hoy con numerosas sentencias de condena a personas jurídicas por la comisión de delitos.

Parece también que su inclusión en el Código Penal genera cierto impacto en las empresas españolas, acostumbradas a moverse en el ámbito de sanciones administrativas. No obstante, a pesar de que el sistema penal español es uno de los más duros de Europa, es un derecho de intervención mínima, por lo que debemos enfocar esta norma más a la prevención que a la sanción.

En nuestra labor como profesionales en este ámbito, observamos día a día el desafío que supone para el empresario de a pie, tener que enfrentarse a cambios normativos constantes, invirtiendo en ello su tiempo y su dinero, mientras lucha por salir a flote en un mercado cada vez más competitivo y todavía recuperándose de los efectos de una crisis devastadora.

A ellos se dirigen estos párrafos, para transmitirles que la finalidad de la implantación del Corporate Compliance en sus empresas, no solamente se dirige a obtener una prueba ante un Tribunal, sino también a apostar por una ética corporativa y una cultura de cumplimiento que son la clave del progreso y del crecimiento sostenible en el tiempo.

Para ello debe existir un compromiso por parte de los directivos y órganos de administración, que realmente quieran apostar por introducir en su empresa una verdadera conciencia de prevención y de cumplimiento normativo, y aprovechar esta nueva exigencia para analizar no solo los riesgos penales de su empresa, sino aquellos que al hilo de los mismos se puedan detectar, mejorando en su actuar en el mercado, su reputación y su productividad.

Alma Antón


LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 


BONIFICACIONES POR FORMACIÓN EN "CORPORATE COMPLIANCE": ¿En qué se puede beneficiar mi empresa?

Formación bonificada. Fundación Tripartita. ¿Qué es todo esto?

Las empresas privadas (salvo contada excepción) cotizan obligatoriamente una cantidad a través de las nóminas de sus trabajadores. A cambio de esto reciben un crédito anual para la formación (continua) de sus trabajadores, que en la pequeña y mediana empresa puede cubrir el 100% de lo que inviertan en formación.

Desde el pasado mes de Octubre, en TEDER ABOGADOS somos ENTIDAD FORMADORA Y ORGANIZADORA reconocida por la  Fundación Tripartita.

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Como entidad formadora, tenemos capacidad para formar a los empleados de cualquier empresa en la nueva regulación de "la responsabilidad penal de la empresa"en la que estamos especializados, además de ayudarles en la implantación del necesario Plan Preventivo de delitos (PPD), o "CORPORATE COMPLIANCE".

Al ser también entidad organizadora reconocida por la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Antigua Fundación Tripartita),  nos encargamos de gestionar todas las acciones formativas, así como los trámites oportunos para que la empresa pueda recibir formación bonificada.

 

 


"FORMACIÓN CORPORATE COMPLIANCE"

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El GRUPO VIGRA en colaboración con TEDER ABOGADOS implanta el "Corporate Compliance" en todas sus empresas, un sistema de gestión y prevención de delitos para promover las buenas prácticas empresariales.


ACTITUD PRO ACTIVA ANTE LAS EXIGENCIAS DEL CÓDIGO PENAL.

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/09/11/congreso-mediacion-advierte-empresa-debe/1531128.html

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Los operadores jurídicos de nuestro país advierten de la necesidad de implantación en las empresas de un plan de cumplimiento normativo.

"La empresa que cometa un delito y no tenga un plan de responsabilidad penal implantado será condenada irremediablemente, a raíz de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015". Fue la máxima pronunciada por la totalidad de los ponentes que intervinieron en la tercera y última jornada del "I Congreso Internacional de Mediación, Arbitraje y Compliance" celebrado en el Auditorio de Vilagarcía.

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ADAPTARSE O MORIR (Atlántico Diario)

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Alma Antón

Oh, España, un país de tradición, un país donde nos gustan las cosas “de toda la vida”, un país de gente de bien, un país donde lo de siempre es la mejor opción, donde nos gusta comer en “Casa Paco”, y que el camarero nos sirva lo que queremos sin necesidad de decirlo….

Señores, permítanme el atrevimiento, un país de necios…

Pienso en la famosa cita de Darwin, “adaptarse o morir”, y en un intento de extrapolarlo a la cultura que existe en nuestro país, no me salen las cuentas.

Darwin decía que no sobrevivirán aquellas especies más fuertes, sino las que mejor se adapten a los cambios. Trasladando su filosofía al mundo profesional, se me ocurren cantidad de situaciones en las que se fracasa por no tener la capacidad de adaptarse.

El empresario de siempre, vive enamorado de lo de siempre, porque ha obtenido resultados, y “si algo funciona, mejor no tocarlo”. ¡Error! Despierten, viven en un mundo cambiante, donde el mercado al que se dirigen cambia constantemente. La necesidad de adaptación es la piedra angular del mundo empresarial actual.

Una de cal y una de arena. Querido empresario, te entiendo, entiendo que has apostado por tu idea y parece que cada vez es menos tuya y más de la ley, pues te atosigan con prohibiciones, con controles, y tu margen de actuación se reduce sin retorno.

Pero tienes que asumir, digerir y cambiar, pues en último término,

“Te subes al barco del cambio o te ahogas en tu tradición”.

La última novedad, el “no va a más”, tu empresa puede salir condenada por un delito penal. Espera, pero ¡¿cómo es posible?!¡¿cómo va a ir a la cárcel una empresa?!. Así es, la empresa puede ser condenada por delitos cometidos en su seno, y si bien es cierto que la empresa como ente no es susceptible de condena de prisión, una intervención judicial o una suspensión de actividad no son condenas “apetecibles” en ningún caso.

Mi consejo: protégete, resguárdate del chaparrón, antes de que caiga, porque aunque no lo creas, a veces cae. El Código Penal, permite a la empresa eximirse de una posible responsabilidad penal, a través de un plan preventivo de delitos. En plata, la empresa ha de demostrar que es consciente de los riesgos que se dan en la misma y que ha adoptado todas las medidas posibles para atajar los mismos, empleando la diligencia de un buen padre y formando a sus empleados en una cultura de cumplimiento.

No me malinterpreten, me declaro incondicionalmente adicta a las cosas de toda la vida. No obstante, por suerte o por desgracia, nací en un tiempo de cambios, sociales, políticos, tecnológicos… y para mí, paradójicamente, el cambio en sí mismo es tradición.

Se percibe por mi generación, que en el mundo “adulto”, existe miedo al cambio. Incluso llega a interpretarse como “libre albedrío”, aparejado a inestabilidad y a falta de rectitud moral. Pero en el momento en el que uno se da cuenta de que, históricamente, sus padres son sus hijos, empiezan a encajar las piezas del puzle.

No se puede juzgar a una persona que lleva la mayor parte de su vida con unas convicciones, por no entender y digerir ciertos cambios, sobre todo sociales. Aquella frase de abuela de “fillo busca una boa moza que sepa cociñar e limpar”. A mí eso me enternece, no me genera crispación, e ineptos serán a mi entender aquellos que vean en ello reproche alguno, pues es parte del ciclo de la historia. Limitémonos a entenderlo como algo que requiere reforma y hagamos juntos un cambio constructivo, en vez de llenarnos la boca de prejuicios y de creernos los más progres por tener unas ideas que ni siquiera son mérito nuestro, sino del tiempo.

ALMA ANTÓN


TODOS A LA CÁRCEL

chains-19176_960_720He aquí una invitación a la reflexión:

España es uno de los países que menor tasa de criminalidad tiene de toda Europa, lo que sin duda lo convierte en uno de los países que menos actividad delictiva tiene en el mundo. Sin embargo, nuestro sistema penal es uno de los más duros, y por si fuera poco, parece haberse despertado en nuestros legisladores una ansiedad irrefrenable por criminalizarlo todo.

Sabemos que el respeto a las libertades individuales se cuestiona en momentos de amenazas flagrantes para la seguridad ciudadana como es el caso del terrorismo, en los que parece primar la lucha contra la criminalidad frente a la salvaguarda de los derechos.

Pero no podemos olvidarnos de que en nuestro Estado democrático, el derecho penal persigue, además del castigo por el castigo, la reinserción social, y es en esa dirección en la que ha de caminar la política criminal. Además, la experiencia nos demuestra que el aumento en el rigor punitivo no es directamente proporcional a un descenso de la delincuencia.

Tienen una gran relevancia en este ámbito los medios de comunicación, pues en la creciente sociedad de la información, los juicios paralelos por parte de la opinión pública se hacen cada vez más intensos.

Y es en este panorama, en el que un Estado, bajo la presión mediática, se plantea el debate de qué interés debe primar, si la persecución del crimen a cualquier precio, utilizando para ello todos los medios a su alcance, o el respeto a derechos catalogados como indisponibles en nuestra Carta Magna.

Parece que nuestro país no lo ha tenido difícil a la hora de endurecer las penas y recortar las libertades, pues nuestros queridos ciudadanos no dudan un segundo en entregar su alma al diablo con tal de que no le toquen su “zona de confort”.

Es sencillo manipular la opinión de quienes desconocen la necesidad de protección de los derechos fundamentales de la Constitución por encima de cualquier otro interés, de quiénes difícilmente perciben el juego de equilibrio de derechos; en definitiva, de aquellos que comprensiblemente encuentran un delirio que pueda eximirse de responsabilidad penal a alguien acusado de agresión sexual o terrorismo por no existir actividad probatoria de cargo suficiente, cuando se trata de delitos que generan un gran rechazo en la opinión pública.

El filósofo Hobbes, partía en su filosofía política de la idea de que la humanidad se compone de seres individuales conducidos por sus pasiones, aquello de “el hombre es un lobo para el hombre” tratando de encontrar la mejor manera de trasladar este individualismo irracional a la construcción de una sociedad, de forma que sea posible la convivencia y gobierno de los hombres.

¿Cuál fue su conclusión? Que los hombres debían renunciar a su libertad y a esas “pasiones” alejadas de la racionalidad y que mantenían al hombre en guerra, por un pacto irrevocable, para que un órgano soberano les garantice a todos que vivirán en paz, a través de un poder coercitivo, que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de su mandato.

Hoy en día esto nos parece un disparate, no obstante, aquel que quiera tener la perspicacia de analizar nuestro sistema actual puede observar claramente la regresión penal en la que estamos inmersos, debido principalmente a legislar “en caliente”, movidos por un sensacionalismo o emotividad  en el ámbito penal. No olvidemos que los grandes dictadores de la historia eran ídolos de masas.

No puedo evitar, y creo que hablo en nombre de todos aquellos que creemos en las libertades y la democracia, pensar en aquella frase que decía:

“Alguien ha secuestrado a la justicia y la ha ocultado en la ley”

Alma Antón 

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REFORMA EN IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿“Ventaja o derecho”?

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Desde comienzos del año 2016, nos hemos cansado de oír alabanzas a la nueva reforma del impuesto de sucesiones en Galicia. Sin pretender faltar a la verdad de su mérito y ventaja para la ciudadanía gallega, no podemos evitar preguntarnos hasta qué punto la exención fiscal en las herencias es un beneficio que hay que agradecer a nuestro “buen Gobierno” o un Derecho constitucional que se nos reconoce no sólo a los gallegos, sino a todos los ciudadanos españoles, en el artículo 33 de la Constitución.

Efectivamente, la reforma de la Ley 13/2015, beneficia al 99% de los gallegos, pero hablamos de beneficio con respecto a la sangrante situación anterior, no como premio a la contribución de los ciudadanos en la buena marcha de la economía en la región.

Desde el 1 de Enero de 2016, se elevó el mínimo exento de tributación de los 125.000 por heredero anteriores a la reforma, a 400.000 euros para ascendientes y descendientes. Por tanto, se calcula que el 99% de la población gallega estará exenta de pagar el impuesto de sucesiones al recibir una herencia.

Otra “ventaja” de esta reforma consiste, en que, si bien antes Hacienda entendía que si heredabas 126.000, estabas obligado a tributar por el total, ahora sólo se tributará por la cantidad que sobrepase el límite exento de los 400.000 euros, lo cual parece más una llamada de alarma al sentido común que un criterio fiscal.

No se dejen engañar por la falsa abnegación de nuestra ejemplar clase política, que intenta que nos la imaginemos en su despacho, escudriñando cada número para averiguar la forma de ayudar a sus queridos ciudadanos. Todos tenemos derecho a sentirnos dignos de hacernos cargo del resultado del sudor y esfuerzo de toda una vida de nuestros padres o abuelos, sin que ello suponga un enorme esfuerzo económico.

En cualquier caso les sugiero que aprovechen la oportunidad para dejar a sus hijos, “obviamente en vida” -a través por ejemplo, de un pacto de mejora o de una apartación de herencia- los bienes sin coste alguno, evitando así las renuncias a la herencia que desde que empezó la dichosa crisis había aumentado un 270%

En las relaciones, como en la vida misma, el juego consiste en dar y recibir, en sentir un “feedback”, pues el altruismo es elección de cada uno, y la sumisión un delirio. No puede ser que el ciudadano se sienta víctima de un gravamen perpetuo, que desincentiva el ahorro y la creación de riqueza. Les invito a hacerse esta pregunta,

¿No es suficiente con pagar por sus bienes en vida, y que después sus hijos sigan pagando por ellos durante el transcurso de la suya, sino que debemos pagar también por el acto de amor de transmitirlos?

Alma Antón

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NO ESPEREN A QUE SEA DEMASIADO TARDE

De izda. a dcha.: Susana Cimadevila (ASIME), Julio Dorado (TEDER ABOGADOS), Juan Carlos Aladro (Fiscal Jefe P. Pontevedra), Enrique Mallón (ASIME) y Eugenia Sánchez (TEDER ABOGADOS) 

 

El pasado Viernes 6 de Mayo, tuvimos el placer de dar una conferencia en la sede de la asociación ASIME, en Vigo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la cada vez más necesaria implantación del CORPORATE COMPLIANCE en las empresas.

Compartiendo ponencia con el Fiscal Jefe de la Provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, nos esforzamos por acercar a los empresarios de dicha asociación la información que necesitan sobre la nueva regulación de la responsabilidad penal en la empresa, las posibles conductas delictivas que pueden generar una condena de la empresa, y los últimos pronunciamientos jurisprudenciales en la materia.

Juan Carlos Aladro, abrió su intervención indicando que: “Este es el problema actual más complejo en el derecho español”, en alusión a las últimas reformas del código penal y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Hay que ser conscientes de los riesgos que corre la empresa tras esta reforma del Código Penal, teniendo en cuenta que ésta puede resultar condenada por un delito cometido por un trabajador, aún en el caso de que éste no sea identificado.

Por ello, en TEDER ABOGADOS queremos colaborar con la empresa en la implantación de un PLAN PREVENTIVO DE DELITOS, que estudie en profundidad los riesgos que puede correr la misma y las políticas que debería adoptar para atajarlos, liberando así al empresario de la carga de vigilar de manera constante la conducta de todos y cada uno de sus empleados.

Así mismo, en el caso de una posible condena, la implantación debida de un plan que acredite que la empresa ha puesto todo su empeño en prevenir estas conductas y en respetar una política de cumplimiento en su seno, podrá eximir a la misma de responsabilidad penal, o en todo caso atenuarla.

Alma Antón


MAS VALE PREVENIR...

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio, de reforma del Código Penal, se perdió la tradicional limitación de la responsabilidad penal de la que gozaban empresa y empresario.

Mientras antes la responsabilidad de los administradores sociales, en el ejercicio de sus cargos, quedaba prácticamente limitada a la llevanza de los libros contables con la diligencia propia de un ordenado empresario, la reforma consagra que de cualquier delito cometido en el seno de una empresa puede ser responsabilizada no sólo la sociedad persona jurídica, sino los administradores sociales y directivos de la misma, por no haber llevado las labores de identificación y prevención de la actividad delictiva.

Con la actual normativa se tipifican una serie de delitos de cuya comisión se responsabilizará no solo a la persona física que directamente lo cometa (directivos, representantes o trabajadores) si no también a la propia mercantil, que podrá ser condenada por la comisión de ese delito, con penas que abarcan desde la multa, clausura de locales y suspensión de actividades, hasta la propia disolución de la sociedad.

¿Y cómo evitarlo? La respuesta es aparentemente sencilla: identificando el riesgo de comisión del delito y poniendo los medios y controles efectivos para minorar las probabilidades de su ocurrencia, de manera análoga a lo que viene sucediendo en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, donde el empresario no sólo debe acreditar su total diligencia, sino que puso todos sus medios para evitar un eventual accidente en el trabajo.

La sencillez de la respuesta se complica en la práctica, pues esas medidas de prevención requieren de un estudio pormenorizado de la sociedad en cuestión para poder elaborar lo que en el derecho anglosajón ya es práctica habitual desde hace tiempo, el famoso “corporate compliance”, que no es otra cosa que un plan de prevención de delitos adaptado al caso concreto, esto es, elaborado de forma exclusiva para cada sociedad.

Desde Teder Abogados, queremos trasladar una visión positiva de la reforma, pues la buena noticia es que, según la reciente Ley Orgánica 1/2015 de 1 de Julio, tanto la empresa como el administrador social o directivos  quedarán exentos de cualquier responsabilidad penal cuando, con anterioridad a la comisión del delito, se haya llevado a cabo la implantación de un modelo de organización y gestión de los riesgos penales. Incluso si se lleva a cabo en un momento posterior, podría operar como atenuante.

Así las cosas, como profesionales experimentados en el diagnóstico personalizado de la posibilidad de actividad delictiva en el seno de cada empresa, así como en la elaboración de los protocolos de actuación interna necesarios para evitar la comisión de estas actividades delictivas, con la necesaria supervisión periódica, consideramos en este caso, como en tantos otros, que es mejor prevenir que curar.

Eugenia Sánchez González

Julio Dorado Calviño

www.tederabogados.com


HACIENDA TAMBIÉN SE EQUIVOCA

Transcurrido el período de autoliquidación voluntaria del IRPF, la Agencia Tributaria pone en marcha sus mecanismos de comprobación que, en no pocos casos, derivan en las temidas liquidaciones paralelas. Estas liquidaciones se originan cuando se detectan errores, omisiones o supuestos fraudes en las declaraciones fiscales.

El problema con el que se ha encontrado Hacienda en los últimos tiempos, es haber utilizado procedimientos inadecuados en sus comprobaciones, lo que en la práctica como se intentará explicar, puede suponer un respiro para los afectados.

Entre los procesos de comprobación  reglados, uno de los más utilizados por la AEAT venía siendo  el de verificación de datos, el mecanismo de control más básico que contempla la legislación tributaria. Pero el error cometido por Hacienda es utilizarlo sistemáticamente en muchos casos, cuando debería haber iniciado un procedimiento de comprobación limitada, figura más compleja, más allá del mero control de carácter formal de las declaraciones. En otras palabras, ha utilizado el procedimiento de verificación de datos para comprobaciones que excedían estos límites.

Pues bien, la buena noticia para los administrados, es que los Tribunales Económicos Administrativos competentes para resolver este tipo de controversias, han dado un giro a su criterio, en el sentido de pasar de declarar dicha actuación errónea de la Administración como anulable, a reconocer la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas.

El matiz es muy importante y con diferentes resultados para el contribuyente, ya que si el acto era considerado “anulable”, a Hacienda le bastaba con dictar otra liquidación utilizando el procedimiento de comprobación limitada. Pero declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia no interrumpió la prescripción y, en muchos casos, se encontrará que el procedimiento de comprobación limitada que pretenda iniciar correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, ya haya prescrito.

A efectos prácticos, nuestro consejo es que aquellos contribuyentes que hayan sufrido y atendido en último término liquidaciones paralelas, revisen si la Agencia las dictó a través del procedimiento adecuado, pues de no ser así, podrían reclamar la devolución de los ingresos indebidos y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección, sobre la misma infracción alegada en su día por la Administración.

Eugenia Sánchez

Julio Dorado


DE VECINO MOROSO….A VECINO CON “MORRO”

La poca honestidad en el manejo y cumplimiento de las obligaciones pecuniarias, tan de actualidad en el terreno político, afecta también a la práctica totalidad de los sectores de la sociedad, y se ha convertido en una verdadera losa para las comunidades de propietarios. Por desgracia, rara es la comunidad que está al corriente en el pago de sus cuotas por parte de sus miembros. Pero mientras hace algún tiempo la etiqueta de vecino “moroso” suponía cierta vergüenza y “caída” de ojos en el ascensor, ahora la situación es bien distinta: no sólo encontramos morosos, sino vecinos con “morro”, que en la mayoría de las ocasiones resultan ser los mayores consumidores de los suministros comunes.

 ¿De qué nos extrañamos? Nuestro país se ha ganado merecida fama con la llamada “picaresca” y, al margen de su sentido literario -más relacionado con una forma de supervivencia callejera-, los españoles a lo largo de los siglos lo hemos asimilado en nuestra cultura como un signo de sagacidad, de agudeza e incluso de inteligencia a la hora de hacer frente a dichas obligaciones comunes.

Centrándonos en el tema de fondo, cualquier comunidad de propietarios que se vea perjudicada por este tipo de situaciones, antes de acometer acciones judiciales, debe acudir mediante la junta general a la vía amistosa, enviando una carta certificada al vecino deudor “recordándole” las cuotas que tiene pendientes con la comunidad. De esta forma queda constancia de la reclamación realizada, apercibiéndole de que podría ser requerida en los Tribunales. Si no funciona esta vía, es el momento de plantearse la reclamación judicial, por medio del llamado “procedimiento monitorio”

Se trata de un procedimiento relativamente sencillo que, previamente al inicio de interposición, requiere convocar una junta de propietarios en la que figure como orden del día el inicio de acciones judiciales contra propietarios morosos, recogiendo en el Acta de celebración los datos identificativos de éstos, así como la certificación de sus deudas. Este trámite es necesario para que el vecino deudor no pueda alegar indefensión, debiendo comunicarse por escrito el acuerdo de la Junta, fehacientemente al/los propietario/s afectado/s.

 El importe de la reclamación judicial estará integrado por la cantidad que se reclame en concepto de cuotas impagadas, añadiéndole la que se derive de los gastos del requerimiento previo de pago y/o gastos de devolución de recibos, siempre que se puedan justificar.

 Una vez interpuesta en el Juzgado la petición inicial de procedimiento monitorio, el tribunal requerirá al deudor para que pague o se oponga a la misma en el plazo de 20 días. En el primer caso, al igual que si no comparece -siendo la resolución en este supuesto directamente ejecutable para solicitar embargos-, se le impondrán las costas del procedimiento. De mediar oposición, habrá que esperar a la resolución judicial que resuelva el procedimiento, rigiendo las reglas generales en materia de costas. En este último caso, una vez se archive el procedimiento monitorio, la comunidad tendrá que recurrir al juicio declarativo oportuno, en función de la cuantía reclamada, pudiendo solicitar embargos preventivos si pretenden la reclamación de la deuda.

              Nos encontramos pues ante una previsión legalmente establecida para solventar de forma sencilla las situaciones de morosidad en las comunidades de propietarios. Y podemos constatar, por nuestra experiencia, su más que contrastada efectividad y bajo coste para la propia comunidad.

JULIO DORADO

EUGENIA SÁNCHEZ