Covid-19 Capítulo VII Cancelación de viajes y el Coronavirus.

Si algo estoy aprendiendo en este “encierro” es la lección que me están dando mis hijas Raquel y Elena, que con apenas 12 y 8 años comprenden, mucho mejor que yo la necesidad de estar confinados en casa. Hasta han asumido con naturalidad la cancelación del que para ellas es el mejor viaje del año, el de Semana Santa. “¿Cuánto queda para irnos con nuestras amigas al Algarve?”. Esta frase ha sido la más repetida por ellas desde que empezó el año.

Con el cierre de las fronteras que muchos países han acordado, sobre todo para los viajeros procedentes de España, una de las preguntas que más nos hacéis estos días, es si se puede recuperar fácilmente el dinero íntegro de nuestro viaje.

En el caso de un vuelo cancelado, las compañías aéreas deben devolver el dinero del billete a su pasajero o bien ofrecerle el cambio de fecha del mismo, sin que haya lugar a ningún tipo de indemnización al ser un caso de fuerza mayor.

El problema viene con los llamados viajes combinados. Pensemos, por ejemplo, en los viajes de fin de curso, en intercambios de grupos escolares, en los paquetes turísticos donde se incluyen vuelos y hotel. En estos casos la medida adoptada por el Gobierno en el último Real Decreto ayuda poco, pues lejos de aportar una solución, crea un problema. Así, por una parte, permite al minorista u organizador entregar un “bono” por el mismo importe para ser utilizado en el plazo de un año, pero sí es el consumidor el que solicita la resolución, el minorista u organizador deberá reembolsar el precio abonado por éste. Hasta aquí, todo bien, el consumidor absolutamente protegido ¿verdad? PUES NO, todo lo contrario, ya que el minorista sólo devolverá el dinero si las empresas proveedoras (compañías aéreas, establecimientos hoteleros, empresas turísticas etc.) hubieran reembolsado al minorista la cantidad total o parcial. Esto significa que el consumidor sólo obtendría la devolución de su viaje si el minorista lo recupera, y en el caso de que lo recupere parcialmente, el abono será en la misma proporción.

De este modo, nos encontramos con numerosos problemas trasladados al usuario o consumidor final: ¿Cómo sabemos que el minorista ha recuperado el dinero? ¿por qué tengo que depender de un tercero (aerolínea, hotel) si contraté con la agencia de viajas? ¿Puedo reclamar directamente al hotel o a la compañía si la agencia no me reembolsa? ¿La agencia también dependerá del hotel o de la compañía aérea para otorgar un bono por un año? Ninguna de estas preguntas pueden responderse a la vista de la nueva medida adoptada, por lo que, a nuestro juicio, perjudica claramente al usuario o consumidor.

Por eso recomendamos a todos los viajeros:

1º.-Recopilar todos los documentos que justifiquen el abono del viaje y la composición del mismo, Aerolínea, nombre del hotel, así como excursiones contratadas y nombre de las empresas organizadores…

2º.- Proceder cuanto antes, si queremos evitar la compensación por un bono anual, y de forma fehaciente (Burofax, Correo electrónico con acuse de recibo etc.) a cancelar el viaje por motivos de fuerza mayor.

3º.- Encomendarnos al buen hacer y profesionalidad de nuestra Agencia.

4º.- Acudir a los Organismos de protección al consumidor

5º.- Presentar demanda ante los tribunales.

P.D. : Raquel y Elena, gracias por la lección,  os quiero


Covid-19 Capítulo VI Empresarios, trabajadores autónomos, y Yolanda ¡ÁNIMO!

Ayer, en una de esas videoconferencias que suelo hacer y que me retiran, al menos momentáneamente del aislamiento, mi amiga Yolanda me decía: “ ¡Estoy en la tercera fase!, ya pasé la fase de la aceptación, la fase del cabreo y ahora estoy en la fase de la rebeldía, estoy en contra de todo….”

Esta fase de Yolanda coincide con las medidas que ha adoptado el Gobierno para intentar paliar los efectos cualitativos (pérdidas de empleo) y cuantitativos (reducción de retribuciones) y sociales para las personas más necesitadas, causados por esta fuerte y brusca ralentización económica.  

En primer lugar, se permitió a las empresas afectadas ante esta situación poner en marcha Expedientes Reguladores Temporales de Empleo, ERTE. Esto significa que el empresario podrá suspender de manera temporal el contrato de los trabajadores o reducirles su jornada.

Durante el tiempo del ERTE las empresas no tendrán que pagar las cuotas de la Seguridad Social si tienen menos de 50 empleados, y las que superen este número pagarán sólo el 25% de la cuota, comprometiéndose, eso sí, a mantener el empleo de sus trabajadores durante seis meses tras la reanudación de la actividad.

Los empleados afectados por un ERTE a consecuencia de la crisis sanitaria, podrán percibir el paro sin necesidad de haber cotizado el tiempo mínimo exigido. El subsidio recibido durante la crisis no se descontará en el futuro del cálculo del gasto de la prestación por desempleo.

Se buscó facilitar la conciliación familiar ante la necesidad del cuidado de menores y personas mayores o dependientes. Los trabajadores tendrán derecho a una adaptación o reducción de jornada, incluso hasta del 100%. Dicha adaptación de jornada puede incluir un cambio de turno, de funciones, de forma de prestación del trabajo, incluyendo el teletrabajo, o cualquier otro cambio de las condiciones laborales.

Encontramos también medidas referentes a los autónomos, que podrán obtener una prestación excepcional que durará un mes, o en caso de prolongarse más el estado de alarma, hasta el último día de éste. Para poder optar a esta prestación deberán cesar en su actividad, o que su facturación se vea reducida un 75%. La prestación contará como periodo cotizado y supondrá el 70% de su base reguladora.  Para solicitar este subsidio, tanto las mutuas como el .S.E.P.E han habilitado formularios en sus webs para realizar la gestión de forma telemática.

Y Por último han llegado las tan ansiadas medidas sociales, suspensión de los desahucios hasta 3 meses después de que finalice el estado de alarma, prórroga de los contratos de alquiler, créditos al 0%, ampliación de la moratoria hipotecaria también para los autónomos, prohibición de suspender los servicios de agua, gas o luz, prestación de servicio para las empleadas del hogar, y una renta de 440€ para trabajadores temporales que no puedan optar al desempleo.

Este sistema de garantías pretende paliar el daño económico que ya se está produciendo en la economía empresarial y familiar, y aunque es evidente que, estas medidas quizá llegan tarde, y probablemente sean insuficientes y deban acordarse más medidas económico – laborales; es el momento de aunar esfuerzos entre todos los estamentos sociales, gobierno, empresarios, trabajadores y entidades varias, remando juntos para conseguir revertir la situación y vencer la pandemia.

No será ni fácil, ni rápido ni barato, pero la sociedad española está demostrando ya su solidaridad, determinación y capacidad de lucha y trabajo en equipo, y a buen seguro que entre todos lo conseguiremos, aunque muchos como Yolanda estemos en esa fase de rebeldía desde aquí quiero lanzar ese mensaje de  ¡Animo!


Covid-19 Capítulo V. Testamento en caso de Epidemia

En los días que corren, muchas de nuestras preocupaciones han variado, tanto es así que hasta nos planteamos que pasaría en el peor de los escenarios. Desde que el Gobierno ha decretado el estado de alarma, la libre circulación se ha visto limitada y la mayoría de los servicios se ven restringidos.

Estamos recibiendo numerosas consultas sobre como otorgar testamento en este estado de alarma. El testamento es el acto por el cual una persona dispone, para después de su muerte, de todo o parte de sus bienes. Ahora bien, en las circunstancias actuales, se nos plantea cómo podemos llevar a cabo la formalización de un testamento si no podemos acudir al Notario y qué requisitos son necesarios para su validez.

A finales del siglo XIX las pestes o epidemias  que afectaban a la humanidad eran la plaga, la fiebre amarilla, el tifus o el cólera; por aquel entonces - y por increíble que parezca-  se publicó una de las normas más fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y que a pesar de numerosas reformas sigue a día de hoy vigente  el Código Civil, por eso en su artículo 701 se contiene algo que a día de hoy resulta de rabiosa actualidad, otorgar un testamento en caso de epidemia. Para ello no es necesario la presencia de un Notario, basta que el testador manifieste su voluntad, a poder ser por escrito, en presencia de tres testigos mayores de dieciséis años, ahora bien, este testamento que podríamos denominar especial, tiene un periodo de eficacia de dos meses desde que cesa la epidemia y el testador sobrevive.

Debe también recordarse, que en caso de fallecimiento con este tipo de testamento ha de acudirse, antes de que transcurran tres meses, ante Notario para elevarlo a público y que adquiera validez.

Existen también otras dos posibilidades de otorgar Testamento sin acudir al Notario, el testamento ológrafo (Modelo Testamento ológrafo), en el que el testador mayor de edad redacta de su puño y letra el testamento firmándolo y haciendo constar la fecha; y el fallecimiento sin testamento, situación en la que la ley prevé la adjudicación de la herencia entre los parientes más próximos, por lo que los familiares más directos heredarán a partes iguales y de forma exclusiva siguiendo el siguiente orden: descendientes, en su defecto ascendientes, o cónyuge o colaterales hasta el cuarto grado, finalmente si no existiesen herederos sería la Comunidad Autónoma de Galicia la que se convertiría en heredera.

Julio Dorado


El Jurista en cuarentena -Puedo dejar de pagar mi hipoteca (Atlántico Diario)

https://www.laregion.es/opinion/autor/5467/julio-dorado-calvino


Covid-19 Capítulo IV ¡PUEDO DEJAR DE PAGAR MI HIPOTECA!

Aplazamiento de la deuda hipotecaria por el Coronavirus

Es más que evidente que la declaración del estado de alarma ha traído consigo una situación económica preocupante debido a la disminución de ingresos de muchos ciudadanos. Todo ello deriva en la dificultad para hacer frente a un pago como el hipotecario. El Consejo de Ministros, consciente de esta situación, ha aprobado una moratoria hipotecaria. El Real Decreto-Ley 8/2020 establece que tal aplazamiento no comporte ningún tipo de gasto adicional como comisiones, intereses o gastos de gestión.

En primer lugar, es necesario aclarar ¿qué es una MORATORIA de hipoteca? Se trata de un aplazamiento de las cuotas del préstamo durante un plazo determinado de tiempo y siempre que exista una situación de vulnerabilidad económica.

Los requisitos para solicitar la moratoria son:

  • Que se trate de la VIVIENDA HABITUAL de un deudor en situación de VULNERABILIDAD económica causada por la crisis del Coronavirus, como estar en situación de desempleo, la reducción de ingresos de la unidad familiar o la pérdida de volumen de ingresos si se trata de empresarios o profesionales.

 

  • Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el IPREM, es decir que el conjunto de los ingresos de la familia no supere la suma total de 1.613,52 € ,  añadiendo 53,78 € por cada hijo a cargo, de tal manera que una pareja con dos hijos que no trabajen, no podrán acogerse a esta moratoria si sus ingresos superan los 1.721,08 € mensuales. Igualmente se establecen cuantías superiores para personas con discapacidad o situaciones de dependencia.

 

  • Que la emergencia sanitaria haya hecho aumentar el esfuerzo para el pago de la hipoteca, esto es que se haya multiplicado por al menos 1,3 o cuando se haya producido una caída sustancial de las ventas superior al 40% en el caso de profesionales o autónomos.

 

  • Que la cuota hipotecaria más los suministros básicos resulte superior al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar.

 

Para solicitar la moratoria en el pago de la deuda adjunto remitimos Formulario Solicitud de Moratoria para presentar ante la entidad bancaria.


Covid-19 Capítulo III ¡Que no me sancionen!

Consejos para evitar multas durante el confinamiento.

 

Un niño de cinco años dijo: “TENEMOS QUE QUEDARNOS EN CASA DOS SEMANAS PORQUE SI EL CORONAVIRUS NO VE A NADIE, SE VA”. Parece que todos o casi todos hemos asumido que lo mejor para frenar esta pandemia es no salir de nuestro hogar. #QuédateEnCasa.

Sin embargo, ya todos conocemos que existen excepciones a esa norma, establecidas en el Real Decreto 463 y 465 de 2020 por el cual podemos acudir a nuestro lugar de trabajo, a centros hospitalarios, farmacias, supermercados etc. siempre de manera individual, salvo para las excepciones establecidas, véase acompañar a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, y cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Por otro lado, se han intensificado los controles policiales, auxiliados incluso por el ejército, para hacer cumplir estrictamente la orden de confinamiento, por ello la pregunta que muchos nos hacen es ¿QUE DOCUMENTOS DEBO LLEVAR PARA JUSTIFICAR MI TRASLADO?, pues depende obviamente del traslado que estemos efectuando, así en caso de que se trate de la recogida o entrega de un menor para cumplir el régimen de visitas es conveniente llevar copia de la Sentencia y/o del Convenio regulador , la Autorización o certificado de la empresa (Justificación desplazamiento_COVID-19.); si vamos a nuestro puesto de trabajo, Certificado de I.A.E.  en caso de trabajadores autónomos, conserva el ticket de compra o recetas médicas si hemos acudido a la farmacia o al supermercado, facturas o albaranes de entrega si somos repartidores y en general cualquier documento que sirva de prueba para acreditar el traslado que estamos efectuando, como copia de los billetes de avión y Libro de Familia si vamos a recoger por ejemplo a un hijo que retorna a España, recibos de la luz o copia del D.N.I  que acredite el domicilio de un mayor al que vamos a cuidar etc. etc.

Existen todavía, y a nuestro juicio la modificación del Real Decreto no lo aclara, dudas acerca de si se puede compartir vehículo con compañeros de trabajo. Desde TEDER Abogados damos nuestro  punto de vista basado en la evolución de las medidas, entendiendo que la circulación debe ser individual  y si se realizan traslados de vehículos con trabajadores, o con ocupantes por tratarse de menores o personas mayores o con causa justificada, éstos deberán circular a ser posible en las plazas traseras y provistos de mascarillas.

Se trata en todo caso de un análisis de la situación y normativa imperante. Durante los próximos días se irá conociendo el contenido real de dichas normas, por lo que seguiremos atentos a las novedades para manteneros debidamente informados.

Justificación desplazamiento_COVID-19


Covid-19 Capítulo II. ¡SOLO EN CASA!

Ya llevamos 5 días de encierro decretado por el estado de alarma y cada día nos surgen nuevas dudas motivadas por esta excepcional situación.  Así la limitación de movimiento de las personas que se estableció el pasado sábado 14 de marzo nos dejaba la duda, entre otras, sobre qué hacer con nuestros hijos pequeños si por ejemplo íbamos a la farmacia o al supermercado, pues el Real Decreto no especificaba si los menores que se encontraban a nuestro cargo podían acompañarnos o no.

Apenas cuatro días después el Gobierno modificó esta excepcional norma introduciendo en el artículo 7 la prioridad de realizar las actividades permitidas de forma individual salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, por lo   que se actualmente se permite que nuestros hijos nos acompañen a realizar estas actividades.

Siguiendo la línea de nuestro anterior post y teniendo claro que debemos interponer siempre el interés de los menores la pregunta que nos surge es: ¿A QUE EDAD PUEDO DEJAR SOLOS A MIS HIJOS EN CASA?  ¿EXISTE UNA EDAD LEGAL?. La respuesta es  NO, ni en el Código Civil  ni en nuestro ordenamiento penal se regula una edad determinada, aunque si se contempla en nuestras Leyes la situación de desamparo y el delito de abandono temporal de menores que puede conllevar condenas tan graves como la prisión y/o pérdidas de tutela o patria potestad de los hijos.

Los expertos, pediatras y psicopedagogos sugieren que entre los 11 y los 14 años los menores pueden comenzar a asumir la responsabilidad de quedarse por un tiempo prudencial solos en casa, sin embargo, habrá que atender siempre al grado de madurez de los menores.

En definitiva y como siempre debe imperar la lógica y el sentido común, por lo que antes de dejar a nuestros hijos en casa debemos tener claro su autonomía y grado de responsabilidad y ponderar el mismo con el tiempo que vamos a permanecer fuera, si nos vamos a adquirir medicamentos a la Farmacia o a trabajar toda la mañana. En cualquier caso, antes de dejar a un niño solo es conveniente transmitirles una serie de normas e instrucciones básicas sobre qué hacer ante algún imprevisto.


Covid-19 Capítulo I Régimen de Visitas y Coronavirus

¿CÓMO AFRONTAR EL RÉGIMEN DE GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES CON LA CRISIS DEL COVID-19?

En estos días de incertidumbre los progenitores que encuentran su relación con los hijos e hijas menores regulada mediante sentencia de separación, divorcio o adopción de medidas, se encuentran ante la dicotomía de seguir cumpliendo lo establecido en la resolución judicial o priorizar la seguridad de los menores.

El régimen de custodia y de visitas consiste en el derecho-deber de cada uno de los padres a estar con su hijo o hija por el tiempo y modo establecido judicialmente. Por tanto, tiene una doble vertiente, se trata del derecho del progenitor a disfrutar del tiempo establecido con el menor, y deber de éste de tener al menor consigo, siempre y cuando se respete el principio del interés superior de los hijos sobre cualquier interés legítimo que pueda concurrir.

Este interés superior del menor es la premisa máxima a tener en cuenta por todas las instituciones, autoridades administrativas y órganos legislativos, y por supuesto, por los padres, respecto de las medidas concernientes al menor. Esta es, por tanto, la piedra angular que debe guiar a los progenitores en esta situación de crisis sanitaria.

Así es, que el régimen establecido para los menores no se configura como un propio y verdadero derecho del progenitor, sino como un complejo derecho-deber de contenido afectivo y legal, de modo que están condicionados en todo momento a las circunstancias que, en este caso, requieren de la especial atención por parte de ambos progenitores para evitar poner en peligro la salud de sus hijos.

Por tanto, desde TEDER Abogados, aconsejamos a todos los afectados por esta situación seguir cumpliendo con el régimen establecido aunque en la medida de los posible reduciendo los traslados de los menores hacia el domicilio de un progenitor al del otro, prestar especial atención a los consejos y recomendaciones establecidos por el Gobierno. Dado que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su artículo 7.1 d) permite a las personas circular por las vías públicas para llevar a cabo el cuidado de los menores, aconsejando hacerlo de manera que se haga con la menor frecuencia e implicando al menor número de personas en dichos traslados, siempre y cuando se respeten las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias, por tanto es conveniente llevar siempre copia de la Sentencia de Divorcio o del Convenio Regulador para acreditar el traslado del menor.

Como última recomendación, se deberían evitar los traslados entre diferentes Comunidades Autónomas, o que conlleven un gran riesgo, tanto por distancia como por los medios a emplear en el transporte de los menores, priorizando los desplazamientos en el vehículo privado, evitando el contacto con otras personas durante el mismo. Así mismo, en caso de duda, los progenitores deberán abstenerse de que los menores estén en contacto con grupos de riesgo, o personas que hayan podido estar expuestas al virus.

Se trata pues, como referíamos al inicio de este post es ser racionales y responsables, ponderar los riesgos, buscando la mejor opción para mantener interés superior del menor.

 

 

Carla Baz


EL COMPLIANCE SIGUE RENOVÁNDOSE

Recientemente entró en vigor la ley orgánica 1/2019, por la que se modificó el Código Penal, mediante la cual se amplió la relación de delitos por los que pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas, de esta forma vemos que el Compliance sigue renovándose y que no ha caído en el olvido.

De dicha relación de delitos destacamos los siguientes:

  • Delito contra la Hacienda Pública (art 305 y 308 CP): Se incrementa la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea, pasando de los 50.000 euros a los 100.000 euros para ser considerado delito.

No obstante se reduce el umbral delictivo de 120.000 a 100.000 euros para el delito de fraude de subvenciones (art. 308 CP). Y además, se equiparan las ayudas que concede la Unión Europea con las procedentes de cualquier Administración Pública nacional.

  • Delito de abuso de mercado: se incorporó el artículo 285 CP, que añade el delito de la comunicación ilícita de información privilegiada cuando se ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores. De esta forma, se va a penar al que posea esa información privilegiada y la revele.
  •  Delito de corrupción en los negocios (art 286 bis CP): se modificó a efectos de incluir en la conducta típica no sólo la solicitud o aceptación de un beneficio o ventaja no justificados, sino también su mero ofrecimiento o promesa de obtenerlo.
  • Delito de cohecho: se añade el artículo 427 D), que hace referencia a cualquier persona que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre esos intereses.
  • Delito de malversación (art 435.5º CP): se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas para todos los delitos de malversación por lo que las empresas podrán ser condenadas por administración desleal o apropiación indebida del patrimonio público.
  • Delito de falsificación de moneda (art 386 y 387 CP): se eleva la protección contra la falsificación de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en circulación. Así como también se amplió, la protección del euro y de cualquier moneda extranjera cuando la falsificación de la moneda afecte en general a las fronteras de la Unión Europea.
  • Delito de tráfico de órganos humanos (art 156 bis CP): se reforma dicho artículo en lo relativo al régimen de prevención y persecución del delito.
  • Delito de lucha contra el terrorismo (art 580 bis CP): se modifica el citado precepto ampliándose los tipos delictivos no sólo a la financiación del terrorismo si no a cualquier delito relacionado con el mismo.

Resulta claro que el legislador, tanto de la Unión Europea como a nivel nacional, continúa ampliando la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo que implica la necesidad de las empresas de realizar una actualización y reevaluación de sus sistemas de cumplimiento normativo interno (Compliance- actualización y verificación periódica).

Julio Dorado

 


EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO-LEY DE ADECUACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS, SIN ESPERAR A LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY.

Desde el pasado 25 de Mayo, nadie es ajeno a los grandes cambios que Europa ha impuesto en materia de protección de datos, entre los que destaca el notable incremento de las sanciones, pues en la Ley Orgánica de 1999 la cuantía máxima prevista eran 600.000 €, y desde la Unión Europea se habla de multas de hasta 20 millones de euros o del 4 % de facturación anual.

Por otro lado, se refuerza enormemente el derecho de los interesados a la información sobre el tratamiento que por terceros se realiza de sus datos personales, incorporándose además tres derechos más a los ya conocidos como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Concretamente, se suman el derecho al olvido, a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.

Así mismo, uno de los cambios que más revuelo ha causado y que nos ha hecho a todos víctimas de innumerables correos electrónicos, es la necesidad de consentimiento expreso del interesado para tratar sus datos, debiendo ser informado de la finalidad del tratamiento, de la duración del mismo, y de las posibles cesiones a terceros de las que puedan ser objeto.

En este escenario de cambios, nos encontramos con muchas contradicciones entre el Reglamento Europeo y nuestra legislación actual, que hacen imprescindible la  aprobación de una nueva ley para adaptar nuestro ordenamiento a lo establecido en el citado reglamento, lo cual se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

Pero teniendo en cuenta el carácter urgente de la adecuación al Reglamento Europeo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio, a propuesta de la Ministra de Justicia aprobó el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

A grandes rasgos, podemos hablar de tres cuestiones que se regulan en el Real Decreto, en vigor desde hoy, 31 de julio de 2018:

1ºInspección en materia de protección de datos:

En materia de inspección, mientras que la LOPD del 99 limitaba esta función a la autoridad de control, podrán ahora realizar esta labor tanto los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos como funcionarios ajenos a la Agencia habilitados por ésta.

Además, se prevé la actuación conjunta de los Estados miembros cuando se trate de tratamientos de datos trasfronterizos o tratamientos transfronterizos con relevancia local en un único Estado, en cuyo caso habrá que actuar conforme a lo previsto en la normativa de cada Estado y con orientación y presencia de la autoridad de control de dicho Estado.

2º Régimen sancionador:

En este sentido, se incrementa el número de responsables de la vulneración de derechos de los interesados en materia de protección de datos personales, pues mientras en la LOPD se limitaba a los responsables y encargados de tratamiento, se incluyen ahora los representantes de los responsables y encargados de tratamiento (figura que se refiere a la representación en países a donde trascienda el tratamiento de los datos), las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de Códigos de Conducta.

3º Procedimiento a seguir en caso de posibles vulneraciones en materia de protección de datos:

El Reglamento Europeo distingue tres tipos de tratamientos a los que se aplican distintas normas de procedimiento: trasfronterizos, trasfronterizos con relevancia local en un Estado, y tratamientos exclusivamente nacionales.

En los dos primeros casos, esto es, en aquellos casos en que los datos trasciendan nuestras fronteras, la Agencia Española de Protección de Datos habrá de trasladar las propuestas de resolución a las autoridades de control de los Estados implicados, que en un plazo tasado habrán de emitir sus observaciones, debiendo resolver a falta de acuerdo el Comité Europeo de Protección de Datos.

En el resto de los casos, es decir, cuando estemos ante una posible vulneración en un tratamiento a nivel exclusivamente nacional, se establecen en el Real Decreto los pasos a seguir por la autoridad de control, esto es, la AEPD.

Alma Antón


LA ERA DE LA AUTORREGULACIÓN, OLE POR LOS VALIENTES!

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Este post va dirigido a aquellos que, en tiempos como los que vivimos, lejos de sucumbir ante la comodidad de ver su nómina en el banco a final de mes y no torturar a su almohada, deciden emprender una actividad económica en este país, ingenuamente convencidos, de que las dificultades que se encontrarán por el camino, estarán directamente relacionadas con el sueño por el que tan rotundamente han decidido apostar, y por ello las asumirán con gusto.

Mal sabrán ellos que aunque consigan poner en marcha su negocio,  con la satisfacción que produce que gracias a su proyecto puedan obtener el sustento los miembros que escoja para su equipo, sus problemas no han hecho más que empezar.

Tendrán que enfrentarse, simplemente por ejercer una actividad económica, a una incesante presión y fiscalización por parte de la Administración Pública, y de la Europa que viene con fuerza a imponernos sus criterios del buen hacer.

No se pretende negar el efecto positivo que tendrá el incremento de regulación y control sobre el tejido empresarial, pero será dura la transición hasta que la cultura de cumplimiento y la rigurosa observancia normativa estén tan impregnadas en el día a día de la empresa que se conviertan en algo innato a sus miembros.

Pero esto no termina aquí, pues además de tener que destinar recursos, financieros y humanos, a la observancia de la ingente cantidad de normas que rigen el desarrollo de una actividad económica, ahora se espera que sea la propia empresa quien se autoregule, se analice y decida, según su buen criterio, los riesgos que corre en su actividad y los controle como buenamente pueda.

Se ve meridianamente clara esta intención por parte de los que legislan, en los dos temas por excelencia, que a día de hoy preocupan al empresario: la adaptación al Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, y la implementación en la empresa de sistemas de Compliance, que cumplan las exigencias del Código Penal desde su reforma en el año 2015.

Como asesores jurídicos, escuchamos cada día las protestas al aire de los empresarios que se resisten a la idea de tener que hacer de policías con sus trabajadores, crear sus propias normas, vigilar el cumplimiento de las mismas, y todo ello sin la certeza de estar en el camino correcto, sin la seguridad de que, a pesar de invertir tiempo y dinero en intentar cumplir con todo el entramado de normas que pesan sobre él, va a librarse de la pena de muerte a la que se pueden enfrentar  las empresas si un empleado se salta la ley y comete un delito en el seno de la misma.

No podemos evitar la llegada de esta era, la de la autoregulación, que viene pisando fuerte desde Europa y que nos hace partícipes a todos de la labor de crear una cultura de cumplimiento en nuestras actividades profesionales. Pero lo que sí podemos, con una gran satisfacción, es acompañar al empresario en ese rumbo hacia la excelencia, ofreciéndole un asesoramiento integral, formando a sus empleados en las exigencias normativas actuales, y en definitiva, respaldándole en la incierta labor de cumplir con todos los efectos colaterales que le ha traído apostar por su sueño.

Alma Antón


CONCIENCIA DE NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE

Como se mencionaba en el último post hace unos meses, el Corporate Compliance se ha convertido en el tema jurídico estrella. De hecho, cada vez son más numerosas las empresas a las que asesoramos en el camino a la implantación de la normativa en sus organizaciones.

Y ello no es casualidad, sino que se debe al creciente interés de las corporaciones en la implantación de una cultura de cumplimiento en su seno, tanto por la exigencia del mismo en sus relaciones comerciales como por una cuestión de organización interna, lo que aumenta paulatinamente la conciencia de su necesidad.

Así mismo, pese a la ambigüedad inicial de esta normativa, que se limitaba a un artículo vago e impreciso del Código Penal, progresivamente se han ido despejando las incógnitas, precisándose cada vez más los requisitos que han de cumplirse y la operativa que ha de seguirse por las organizaciones.

Además de las directrices indicadas por la Fiscalia General del Estado, o los estándares nacionales e internacionales, a comienzos de este año, se ha publicado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), un Libro Blanco sobre la Función de Compliance, donde se recogen los trazos básicos que definen los pasos que deben dar las organizaciones para su implantación y el cometido esencial de los responsables dentro de la misma.

Se habla en el mismo de la importancia de la prevención, detección y gestión de los riesgos empresariales en el ámbito penal, para cuyo análisis habrán de tomarse en consideración las circunstancias internas y externas de las compañías. Dentro de las circunstancias internas jugarán un papel importante, tanto en el riesgo empresarial que exista como en la complejidad de atajarlo, las cifras de negocio, el número de empleados, los terceros con quien mantiene relaciones de negocio, o la complejidad de las transacciones que realiza. Por otro lado, influirá como circunstancia externa el sector en que opere la empresa, su objeto social o el marco regulador al que esté sometida.

También se resalta la necesidad de que la función del oficial u órgano de cumplimiento, esté dotada de autonomía e independencia, con poder suficiente para la toma de decisiones y lejos de influencias o incentivos como las relaciones comerciales o las cifras económicas de la empresa, que en ningún momento deben guardar relación con su labor o incidir en ella.

Por tanto, es creciente y así nos lo hacen saber nuestros clientes, la conciencia de la necesidad de adoptar un sistema de cumplimiento normativo interno, como factor clave para el buen gobierno corporativo, implicando a todos los miembros de la misma y dotándola de personal cualificado para su gestión.

Alma Antón


CORPORATE COMPLIANCE. EL TEMA JURÍDICO ESTRELLA

A pesar de que hace ya siete años de la incorporación en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su seno, parece que en los últimos meses se ha convertido en el tema jurídico estrella y en la principal preocupación para los directivos de empresas de nuestro país.

Ello puede responder al escepticismo inicial que rodeó a esta nueva figura jurídica, pues nadie comprendía aquello de “una empresa puede cometer delitos”, lo que ha hecho que su engranaje haya tenido dificultades en nuestro ordenamiento. No obstante ello no ha detenido a los Tribunales que ya cuentan a día de hoy con numerosas sentencias de condena a personas jurídicas por la comisión de delitos.

Parece también que su inclusión en el Código Penal genera cierto impacto en las empresas españolas, acostumbradas a moverse en el ámbito de sanciones administrativas. No obstante, a pesar de que el sistema penal español es uno de los más duros de Europa, es un derecho de intervención mínima, por lo que debemos enfocar esta norma más a la prevención que a la sanción.

En nuestra labor como profesionales en este ámbito, observamos día a día el desafío que supone para el empresario de a pie, tener que enfrentarse a cambios normativos constantes, invirtiendo en ello su tiempo y su dinero, mientras lucha por salir a flote en un mercado cada vez más competitivo y todavía recuperándose de los efectos de una crisis devastadora.

A ellos se dirigen estos párrafos, para transmitirles que la finalidad de la implantación del Corporate Compliance en sus empresas, no solamente se dirige a obtener una prueba ante un Tribunal, sino también a apostar por una ética corporativa y una cultura de cumplimiento que son la clave del progreso y del crecimiento sostenible en el tiempo.

Para ello debe existir un compromiso por parte de los directivos y órganos de administración, que realmente quieran apostar por introducir en su empresa una verdadera conciencia de prevención y de cumplimiento normativo, y aprovechar esta nueva exigencia para analizar no solo los riesgos penales de su empresa, sino aquellos que al hilo de los mismos se puedan detectar, mejorando en su actuar en el mercado, su reputación y su productividad.

Alma Antón


LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 


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