REFORMA EN IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿“Ventaja o derecho”?
Desde comienzos del año 2016, nos hemos cansado de oír alabanzas a la nueva reforma del impuesto de sucesiones en Galicia. Sin pretender faltar a la verdad de su mérito y ventaja para la ciudadanía gallega, no podemos evitar preguntarnos hasta qué punto la exención fiscal en las herencias es un beneficio que hay que agradecer a nuestro “buen Gobierno” o un Derecho constitucional que se nos reconoce no sólo a los gallegos, sino a todos los ciudadanos españoles, en el artículo 33 de la Constitución.
Efectivamente, la reforma de la Ley 13/2015, beneficia al 99% de los gallegos, pero hablamos de beneficio con respecto a la sangrante situación anterior, no como premio a la contribución de los ciudadanos en la buena marcha de la economía en la región.
Desde el 1 de Enero de 2016, se elevó el mínimo exento de tributación de los 125.000 por heredero anteriores a la reforma, a 400.000 euros para ascendientes y descendientes. Por tanto, se calcula que el 99% de la población gallega estará exenta de pagar el impuesto de sucesiones al recibir una herencia.
Otra “ventaja” de esta reforma consiste, en que, si bien antes Hacienda entendía que si heredabas 126.000, estabas obligado a tributar por el total, ahora sólo se tributará por la cantidad que sobrepase el límite exento de los 400.000 euros, lo cual parece más una llamada de alarma al sentido común que un criterio fiscal.
No se dejen engañar por la falsa abnegación de nuestra ejemplar clase política, que intenta que nos la imaginemos en su despacho, escudriñando cada número para averiguar la forma de ayudar a sus queridos ciudadanos. Todos tenemos derecho a sentirnos dignos de hacernos cargo del resultado del sudor y esfuerzo de toda una vida de nuestros padres o abuelos, sin que ello suponga un enorme esfuerzo económico.
En cualquier caso les sugiero que aprovechen la oportunidad para dejar a sus hijos, “obviamente en vida” -a través por ejemplo, de un pacto de mejora o de una apartación de herencia- los bienes sin coste alguno, evitando así las renuncias a la herencia que desde que empezó la dichosa crisis había aumentado un 270%
En las relaciones, como en la vida misma, el juego consiste en dar y recibir, en sentir un “feedback”, pues el altruismo es elección de cada uno, y la sumisión un delirio. No puede ser que el ciudadano se sienta víctima de un gravamen perpetuo, que desincentiva el ahorro y la creación de riqueza. Les invito a hacerse esta pregunta,
¿No es suficiente con pagar por sus bienes en vida, y que después sus hijos sigan pagando por ellos durante el transcurso de la suya, sino que debemos pagar también por el acto de amor de transmitirlos?
Alma Antón
HACIENDA TAMBIÉN SE EQUIVOCA
Transcurrido el período de autoliquidación voluntaria del IRPF, la Agencia Tributaria pone en marcha sus mecanismos de comprobación que, en no pocos casos, derivan en las temidas liquidaciones paralelas. Estas liquidaciones se originan cuando se detectan errores, omisiones o supuestos fraudes en las declaraciones fiscales.
El problema con el que se ha encontrado Hacienda en los últimos tiempos, es haber utilizado procedimientos inadecuados en sus comprobaciones, lo que en la práctica como se intentará explicar, puede suponer un respiro para los afectados.
Entre los procesos de comprobación reglados, uno de los más utilizados por la AEAT venía siendo el de verificación de datos, el mecanismo de control más básico que contempla la legislación tributaria. Pero el error cometido por Hacienda es utilizarlo sistemáticamente en muchos casos, cuando debería haber iniciado un procedimiento de comprobación limitada, figura más compleja, más allá del mero control de carácter formal de las declaraciones. En otras palabras, ha utilizado el procedimiento de verificación de datos para comprobaciones que excedían estos límites.
Pues bien, la buena noticia para los administrados, es que los Tribunales Económicos Administrativos competentes para resolver este tipo de controversias, han dado un giro a su criterio, en el sentido de pasar de declarar dicha actuación errónea de la Administración como anulable, a reconocer la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas.
El matiz es muy importante y con diferentes resultados para el contribuyente, ya que si el acto era considerado “anulable”, a Hacienda le bastaba con dictar otra liquidación utilizando el procedimiento de comprobación limitada. Pero declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia no interrumpió la prescripción y, en muchos casos, se encontrará que el procedimiento de comprobación limitada que pretenda iniciar correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, ya haya prescrito.
A efectos prácticos, nuestro consejo es que aquellos contribuyentes que hayan sufrido y atendido en último término liquidaciones paralelas, revisen si la Agencia las dictó a través del procedimiento adecuado, pues de no ser así, podrían reclamar la devolución de los ingresos indebidos y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección, sobre la misma infracción alegada en su día por la Administración.
Eugenia Sánchez
Julio Dorado