He aquí una invitación a la reflexión:
España es uno de los países que menor tasa de criminalidad tiene de toda Europa, lo que sin duda lo convierte en uno de los países que menos actividad delictiva tiene en el mundo. Sin embargo, nuestro sistema penal es uno de los más duros, y por si fuera poco, parece haberse despertado en nuestros legisladores una ansiedad irrefrenable por criminalizarlo todo.
Sabemos que el respeto a las libertades individuales se cuestiona en momentos de amenazas flagrantes para la seguridad ciudadana como es el caso del terrorismo, en los que parece primar la lucha contra la criminalidad frente a la salvaguarda de los derechos.
Pero no podemos olvidarnos de que en nuestro Estado democrático, el derecho penal persigue, además del castigo por el castigo, la reinserción social, y es en esa dirección en la que ha de caminar la política criminal. Además, la experiencia nos demuestra que el aumento en el rigor punitivo no es directamente proporcional a un descenso de la delincuencia.
Tienen una gran relevancia en este ámbito los medios de comunicación, pues en la creciente sociedad de la información, los juicios paralelos por parte de la opinión pública se hacen cada vez más intensos.
Y es en este panorama, en el que un Estado, bajo la presión mediática, se plantea el debate de qué interés debe primar, si la persecución del crimen a cualquier precio, utilizando para ello todos los medios a su alcance, o el respeto a derechos catalogados como indisponibles en nuestra Carta Magna.
Parece que nuestro país no lo ha tenido difícil a la hora de endurecer las penas y recortar las libertades, pues nuestros queridos ciudadanos no dudan un segundo en entregar su alma al diablo con tal de que no le toquen su “zona de confort”.
Es sencillo manipular la opinión de quienes desconocen la necesidad de protección de los derechos fundamentales de la Constitución por encima de cualquier otro interés, de quiénes difícilmente perciben el juego de equilibrio de derechos; en definitiva, de aquellos que comprensiblemente encuentran un delirio que pueda eximirse de responsabilidad penal a alguien acusado de agresión sexual o terrorismo por no existir actividad probatoria de cargo suficiente, cuando se trata de delitos que generan un gran rechazo en la opinión pública.
El filósofo Hobbes, partía en su filosofía política de la idea de que la humanidad se compone de seres individuales conducidos por sus pasiones, aquello de “el hombre es un lobo para el hombre” tratando de encontrar la mejor manera de trasladar este individualismo irracional a la construcción de una sociedad, de forma que sea posible la convivencia y gobierno de los hombres.
¿Cuál fue su conclusión? Que los hombres debían renunciar a su libertad y a esas “pasiones” alejadas de la racionalidad y que mantenían al hombre en guerra, por un pacto irrevocable, para que un órgano soberano les garantice a todos que vivirán en paz, a través de un poder coercitivo, que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de su mandato.
Hoy en día esto nos parece un disparate, no obstante, aquel que quiera tener la perspicacia de analizar nuestro sistema actual puede observar claramente la regresión penal en la que estamos inmersos, debido principalmente a legislar “en caliente”, movidos por un sensacionalismo o emotividad en el ámbito penal. No olvidemos que los grandes dictadores de la historia eran ídolos de masas.
No puedo evitar, y creo que hablo en nombre de todos aquellos que creemos en las libertades y la democracia, pensar en aquella frase que decía:
“Alguien ha secuestrado a la justicia y la ha ocultado en la ley”
Alma Antón
