Erte ¿Que es un Erte? Teder Abogados en Vigo

Covid-19 Capítulo XIII A vueltas con el ERTE

Desde que se decretó el estado de alarma, los ERTE están en boca de todos, y a día de hoy siguen generando dudas a los trabajadores que se ven afectados por este Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Por ello hemos elaborado esta guía con las cuestiones más recurrentes que nos han sido planteadas durante todo este periodo.

 ¿Me pueden despedir estando mi empresa en ERTE?

El RD 8/2020 establece una cláusula para salvaguardar el empleo en los ERTES derivados del Covid-19, en la cual las empresas tienen la obligación de mantener los empleos durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad. Sólo será de aplicación a los Expedientes tramitados por fuerza mayor, por lo cual en caso de que haya sido por causas objetivas el empresario queda fuera de esta obligación.

Dicha obligación de mantenimiento de empleo, sólo afectaría aquellos trabajadores incluidos en el ERTE y no se verá incumplida si el despido fuese por causas disciplinarias ye se declare improcedente, incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez, jubilación o dimisión del trabajador.

¿Cuáles son las diferencias entre un ERTE de suspensión y el de reducción de jornada?

En los ERTE de suspensión el empleado deja de ir a trabajar y el empresario no tiene la obligación de pagar el salario. Desde que  sea efectivo el trabajador pasa a cobrar la prestación por desempleo.

En el Expediente de reducción de jornada, el empleado trabaja menos horas. Cobra su sueldo de forma proporcional a las horas trabajadas, y recibe la prestación por desempleo por las horas no trabajadas. La reducción de la actividad puede ser de entre el 10% y el 70%.

Si tengo un contrato eventual y mi empresa ha solicitado un ERTE de suspensión ¿En qué situación me quedo?

Eso depende de si el trabajador se ve incluido o no en el expediente de regulación. Si no le incluyen nada cambia, por lo que, cuando finalice la duración prevista de su contrato, la empresa puede darlo por extinguido, si no opta por prorrogarlo o por hacerle indefinido.

En cambio, si se ve afectado por el ERTE, se interrumpe la duración de su contrato sin que se pueda dar por finalizado. Cuando se termine el ERTE, a su contrato le restará el tiempo que quedaba en el momento que comenzó a ser efectivo.

 ¿Cuánto cobra el trabajador en situación de  ERTE?

Si el trabajador está afectado por un Expediente de suspensión recibirá una cuantía del 70%  de la base de cotización durante los 6 primeros meses y el 50% el tiempo restante (teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE).

 

 

 

La base de cotización  se obtiene hallando la media de los últimos 180 días, para lo cuál podemos sumar las bases de cotización de las últimas seis nóminas o bien solicitar un informe en la Seguridad Social.

En el supuesto de  ERTE por reducción de jornada (unas horas al día o bien por algunos días al mes), el trabajador cobrará parte del sueldo y además parte de la prestación por desempleo, equivalente al de la reducción.

¿En los ERTE debe de pagar la empresa alguna indemnización?

No. De ningún modo, ya que la relación laboral sigue vigente, no se ha extinguido, sino que se encuentra suspendida y los trabajadores tendrán que reincorporarse a su puesto de trabajo cuando finalice el ERTE.

 ¿Se devengan pagas extras durante el ERTE?

Si estamos afectados por un ERTE de suspensión no se devengan pagas extraordinarias. Por tanto, cuando éstas se cobren se reducirán proporcionalmente.

En un ERTE de reducción de jornada las pagas extras sí que se siguen devengando, pero siempre de forma proporcional a la jornada que se está realizando. Por ello, se verá una reducción de su importe  en el momento del abono.

¿Se devengan vacaciones durante el ERTE?

En los ERTE de suspensión de contratos no se devengan vacaciones. Por lo cual, las vacaciones anuales se verán reducidas proporcionalmente en función de los días de suspensión.

En un ERTE de reducción de jornada se siguen devengando vacaciones. Eso sí, cuando éstas se disfruten, serán en proporción a la jornada trabajada durante el año.

 ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar el ERTE?

Si el ERTE ha sido tramitado por fuerza mayor como consecuencia del Covid-19, su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Gobierno y sus prórrogas.

Si es por causas objetivas, la norma prevé que su duración se adecuará a la situación coyuntural que se pretende superar, pudiendo alargarse en el tiempo mientras se puedan demostrar las causas  y efectos que posibilitaron dicho ERTE.

¿Desde cuándo empieza el trabajador a cobrar el desempleo por el ERTE?

El trabajador empezará a recibir la prestación de desempleo desde la fecha de efectos del ERTE. En el caso que sea por fuerza mayor, esta fecha es el momento en el que se dejó de trabajar como consecuencia de la situación provocada por el Covid-19. Los trabajadores afectados deben recibir de la empresa un certificado donde figura la causa y la fecha de efectos del ERTE que les afecta.

¿Tiene el trabajador que solicitar la prestación por desempleo?

No, los trabajadores no deben presentar ninguna solicitud, será la empresa la que transmitirá la información necesaria al servicio de empleo para el pago de prestaciones.

 

Jacobo Rey.

 

 

 

 


Covid-19 Capítulo XI Contratación pública

El estado de alarma en el cual nos vemos sumidos por el Covid-19, afecta en gran medida a la contratación pública, que no es ajena a esta situación. Por ello, hemos recibido consultas de nuestros clientes, preocupados por cómo le está afectando el Estado de Alarma declarado a los contratos públicos y cuáles deben ser  las directrices de actuación ante las propuestas adoptadas para paliarla. Sirva este artículo para recopilar las principales medidas a tener en cuenta.

CONTRATOS DE SERVICIO Y SUMINISTRO

En los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, es decir,  aquellos de prestación continuada en el tiempo, si la ejecución del mismo no se puede llevar a cabo, quedarán automáticamente suspendidos hasta que se pueda reanudar dicha prestación. A tales efectos se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando el órgano de contratación comunique al contratista el fin de la suspensión.

El contratista podrá ser indemnizado por daños y perjuicios, previa solicitud y acreditación en los siguientes conceptos estipulados en el Artículo 34 del RDL 8/2020 de 18 de marzo

  • Salarios que el contratista hubiera abonado al personal que figura adscrito al contrato con fecha 14 de marzo de 2020, durante el periodo de suspensión, incluidas las cotizaciones relativas a la Seguridad Social.
  •  Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
  • Pólizas de seguro previstas y vinculadas en el contrato y que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

En los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación no sucesiva, es decir, aquellos que la prestación tiene una fecha fija de fin, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación derivada del Covid-19, si el contratista incurre en demora  y no puede llevar a cabo la ejecución del mismo, se habilita una ampliación del plazo de ejecución, pudiéndose indemnizar daños derivados de costes salariales.

CONTRATOS DE OBRA

En los contratos de obra pública, se podrá solicitar la suspensión del contrato desde que la situación provocada por el Covid-19, impidiese su realización y hasta que la misma se pueda reanudar.

La solicitud de suspensión deberá reflejar: las razones por las que no es posible la ejecución del contrato, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento, y los motivos que imposibilitan el empleo de los medios citados.

Los contratos que tuviesen prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el periodo que dure el mismo, y que no se pueda entregar la obra por la situación creada por el Covid-19, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

Para que esta medida tenga efecto el contratista deberá solicitarlo al órgano de contratación y éste lo acordará en su caso en el plazo de 5 días. Transcurrido este plazo sin notificación expresa al contratista, esta se entenderá desestimada.

Acordada la suspensión o ampliación del plazo, sólo serán indemnizables los mismos conceptos que en los contratos de servicios y de suministro de prestación sucesiva abordados anteriormente.

Este reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y resarcimientos de daños y perjuicios tendrá lugar siempre y cuando el contratista adjudicatario acredite que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.

CONTRATOS  DE CONCESIÓN DE OBRA Y CONCESIONES DE SERVICIOS

En los contratos públicos de concesión de obra y concesiones de servicios, la situación creada por el Covid-19 y las medidas adoptadas para combatirlo, darán derecho al contratista a una ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o a la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

CONTRATOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS

En ningún caso estas previsiones serán aplicables a los siguientes contratos cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19:

  • De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole.
  • Servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.
  • Contratos necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

 

Jacobo Rey.


Covid-19 Capítulo X Protección de Datos

Tras el decreto que hibernó la economía, muchas de las compañías no consideradas como esenciales han iniciado nuevamente su actividad. Estas empresas y fábricas que no tienen posibilidad de teletrabajar, deben respetar y garantizar, en la medida de lo posible la salud e higiene de sus trabajadores, por eso una de las preguntas que más nos hacen, es como deben actuar con respecto a la protección de datos ante el coronavirus.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de publicar un informe en el que se analiza el tratamiento de datos en relación con el Covid-19 (ver informe y recomendaciones de la AEPD).

En dicho informe, se recoge que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ante situaciones como ésta de emergencia sanitaria, permite el tratamiento de datos de salud sin necesidad de contar con el consentimiento explícito del afectado, siempre y cuando sea necesario para salvaguardar el interés público (art. 6.1.e) o el interés vital del interesado (art. 6.1.d). Estas consideraciones, en ningún caso, deberán obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas adoptadas en la lucha para acabar con esta pandemia, de acuerdo con lo establecido por las autoridades sanitarias.

¿Debe el trabajador informar si tiene síntomas o está contagiado?

En caso de que el trabajador tenga síntomas o la mínima sospecha de contacto con el virus, debe comunicárselo al empleador, velando por su propia seguridad, la de sus compañeros y demás profesionales de la organización, a fin de adoptar las medidas oportunas, garantizar la salud y evitar contagios en el seno de la empresa, en consonancia con la normativa de trabajo y de prevención de riesgos laborales.

¿Puede la empresa tratar la información de trabajadores infectados?

Si, pueden tratar los datos del personal necesarios para garantizar su salud, por lo tanto la empresa podrá conocer si el trabajador está infectado o no, obteniendo esta información incluso a través de preguntas realizadas al personal, eso sí, limitándose exclusivamente a indagar sobre la existencia de síntomas, o si la persona trabajadora ha sido diagnosticada como contagiada, o sujeta a cuarentena.

¿Puede la empresa transmitir esa información al resto de la plantilla?

En principio, la información acerca de un posible contagio debe transmitirse sin identificar a la persona afectada a fin de mantener su privacidad, si bien, podría transmitirse a requerimiento de las autoridades competentes

¿Cuál es la autoridad competente?

Del mismo modo, el informe de la AEPD otorga a las autoridades sanitarias, en situación de pandemia, las competencias necesarias para adoptar las medidas previstas por la ley. Por lo cual, éstas serán las encargadas de la protección de los intereses vitales del interesado y del tratamiento de los datos personales de la salud.

 

Por último,  a pesar de estar ante una situación excepcional, podemos decir, que en cuanto a la protección de datos y su tratamiento, no todo vale, y se debe seguir actuando conforme a la normativa de datos personales (RGPD Y LOPDGDD), y la aplicación de sus principios de limitación de la finalidad (salvaguardar los intereses de las personas) tratando los datos con lealtad, licitud, transparencia y mediante el principio de minimización de datos, que hace referencia a que han de ser tratados exclusivamente aquellos datos necesarios para la finalidad pretendida.

Jacobo Rey.