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LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

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La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 

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¿ESTAMOS REALMENTE ASEGURADOS?

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¿Quién no ha recibido una llamada telefónica en la que un operador le ofrece de buenas a primeras la contratación de un seguro?. Constantemente vemos en los medios de comunicación anuncios y propaganda sobre una infinidad de modalidades y coberturas: de vida, de accidentes, de salud, de daños propios, de responsabilidad civil, de asistencia jurídica; incluso los Bancos ofrecen a sus clientes tasas de bonificación en los tipos de interés de las hipotecas, si se suscribe con ellos algún tipo de póliza. La contratación de estos seguros suele ser sencillísima; es más, en muchos casos incluso se hace por teléfono, sin conocer a nuestro interlocutor o agente, y sin ni siquiera saber de que aseguradora se trata. Pero… ¿y cuando ocurre el siniestro o el percance?. ¿Estamos realmente cubiertos? ¿Nos resulta tan sencillo obtener también la contraprestación esperada?… La respuesta es rotunda: NO.

Observamos en Teder Abogados la proliferación de casos de asegurados descontentos con sus Compañías Aseguradoras. Unas de las pólizas que presentan  mayor conflictividad son las que  los seguros llaman de Vida y Accidentes, que garantizan el pago de una cantidad determinada en caso de fallecimiento o de incapacidad permanente pero que luego rechazan los siniestros y por tanto se niegan a abonar las indemnizaciones garantizadas,  alegando con frecuencia excusas tales como la falta de notificación por parte del asegurado de una patología o enfermedad previa, o bien el  no haber cumplimentado debidamente el denominado cuestionario de salud al momento de la contratación.

En este mismo mes hemos obtenido una  sentencia favorable de fecha  20 Enero de 2015, en la que el Juzgado de primera Instancia nº10 de Vigo condena a la aseguradora a abonar a nuestro cliente la cantidad garantizada ya que no se probó una “ocultación dolosa de información por parte del asegurado en las contestaciones facilitadas acerca de su estado de salud”. En este caso la aseguradora mantenía que el asegurado había mentido al rellenar el cuestionario de salud, y ello a pesar de que falleció 5 años después de formalizar la póliza correspondiente y de muerte súbita .

Existen también numerosos conflictos derivados de los seguros de accidentes que garantizan el pago de una suma determinada en el caso de que se produzca, durante el periodo de vigencia del seguro, una situación de Invalidez Permanente, algo que parece tan obvio para el asegurado -sí tengo un accidente y me declaran en situación de incapacidad permanente el seguro me tiene que abonar la cantidad pactada-, pero luego resulta que no lo es, y se convierte en una fuente inagotable de excusas por las que el asegurador se niega al pago. Todos sabemos que una situación de invalidez permanente total o absoluta, solo puede ser declarada por una resolución dictada, bien por la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social o bien por un Órgano Judicial; es a partir de esa resolución cuando nace el derecho del asegurado a obtener  la indemnización pactada con la aseguradora. Pues bien, resulta que muchas aseguradoras se niegan al pago de las indemnizaciones alegando que la incapacidad permanente, en la que ha sido declarado el asegurado, no es la es la misma  que la que se contiene en las condiciones generales de la Póliza, es decir que las cosas no son lo que son, si  no lo que las aseguradoras quieren que sean, aunque esto solo ocurre cuando tienen que abonar una suma de dinero. Esta interpretación alternativa que realizan las Compañías de Seguros acerca de lo que es una incapacidad permanente se contiene en un “librillo” (condiciones generales) que remiten al asegurado, generalmente después de contratar la póliza de seguro. En ese “librillo” existen numerosas cláusulas limitativas entre las cuales se observa, que para la aseguradora, una incapacidad permanente total  nada tiene que ver con lo que entendemos todos, si no que más bien se asemeja a una gran invalidez (pérdida total de la visión, pérdida de la razón, amputación de un miembro, pérdida total de la audición etc..) De manera que cuando tenemos la desgracia de sufrir un accidente que nos incapacita para realizar nuestro trabajo habitual, la aseguradora se niega a abonar la indemnización. ¿Qué ocurre en estos casos?, ¿Es legítima la interpretación que hace la aseguradora de lo que es una incapacidad permanente? En realidad podría serlo, siempre y cuando dicha interpretación fuese informada y transmitida convenientemente al asegurado en el momento de contratar el seguro, cosa que nunca se hace, pues a la Compañía o al “vendedor de seguros” no le interesa que el potencial cliente conozca que en realidad no está asegurando lo que cree que está asegurando, lo que verdaderamente le interesa es vender un seguro.

Otro de los motivos que pretenden argumentar las aseguradoras para negarse al pago, es que la incapacidad en la que incurra el asegurado debe ser irreversible; tal irreversibilidad choca frontalmente con lo establecido en la Ley de General de la Seguridad Social por la que todas las Incapacidades Permanentes son revisables tanto por mejoría como por agravación. Esta cláusula limitativa es incluida por la aseguradora en el aludido “librillo” que contiene un sinfín de artículos “oscuros” de difícil lectura e imposible comprensión.

Afortunadamente existen numerosos pronunciamientos judiciales que declaran el carácter abusivo de estas cláusulas y sobre todo el que las mismas no han sido convenientemente informadas y mucho menos aceptadas expresamente por el asegurado, lo que da lugar, en la mayoría de los casos, a condenar a la aseguradora no solo al pago de las pólizas contratadas sino también a los intereses y costas judiciales.

 

Julio Dorado Calviño. Abogado

Eugenia Sánchez González. Abogado

 

 

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