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LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

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La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 

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BONIFICACIONES POR FORMACIÓN EN “CORPORATE COMPLIANCE”: ¿En qué se puede beneficiar mi empresa?

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Formación bonificada. Fundación Tripartita. ¿Qué es todo esto?

Las empresas privadas (salvo contada excepción) cotizan obligatoriamente una cantidad a través de las nóminas de sus trabajadores. A cambio de esto reciben un crédito anual para la formación (continua) de sus trabajadores, que en la pequeña y mediana empresa puede cubrir el 100% de lo que inviertan en formación.

Desde el pasado mes de Octubre, en TEDER ABOGADOS somos ENTIDAD FORMADORA Y ORGANIZADORA reconocida por la  Fundación Tripartita.

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Como entidad formadora, tenemos capacidad para formar a los empleados de cualquier empresa en la nueva regulación de “la responsabilidad penal de la empresa”en la que estamos especializados, además de ayudarles en la implantación del necesario Plan Preventivo de delitos (PPD), o “CORPORATE COMPLIANCE”.

Al ser también entidad organizadora reconocida por la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Antigua Fundación Tripartita),  nos encargamos de gestionar todas las acciones formativas, así como los trámites oportunos para que la empresa pueda recibir formación bonificada.

 

 

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ADAPTARSE O MORIR (Atlántico Diario)

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Alma Antón

Oh, España, un país de tradición, un país donde nos gustan las cosas “de toda la vida”, un país de gente de bien, un país donde lo de siempre es la mejor opción, donde nos gusta comer en “Casa Paco”, y que el camarero nos sirva lo que queremos sin necesidad de decirlo….

Señores, permítanme el atrevimiento, un país de necios…

Pienso en la famosa cita de Darwin, “adaptarse o morir”, y en un intento de extrapolarlo a la cultura que existe en nuestro país, no me salen las cuentas.

Darwin decía que no sobrevivirán aquellas especies más fuertes, sino las que mejor se adapten a los cambios. Trasladando su filosofía al mundo profesional, se me ocurren cantidad de situaciones en las que se fracasa por no tener la capacidad de adaptarse.

El empresario de siempre, vive enamorado de lo de siempre, porque ha obtenido resultados, y “si algo funciona, mejor no tocarlo”. ¡Error! Despierten, viven en un mundo cambiante, donde el mercado al que se dirigen cambia constantemente. La necesidad de adaptación es la piedra angular del mundo empresarial actual.

Una de cal y una de arena. Querido empresario, te entiendo, entiendo que has apostado por tu idea y parece que cada vez es menos tuya y más de la ley, pues te atosigan con prohibiciones, con controles, y tu margen de actuación se reduce sin retorno.

Pero tienes que asumir, digerir y cambiar, pues en último término,

“Te subes al barco del cambio o te ahogas en tu tradición”.

La última novedad, el “no va a más”, tu empresa puede salir condenada por un delito penal. Espera, pero ¡¿cómo es posible?!¡¿cómo va a ir a la cárcel una empresa?!. Así es, la empresa puede ser condenada por delitos cometidos en su seno, y si bien es cierto que la empresa como ente no es susceptible de condena de prisión, una intervención judicial o una suspensión de actividad no son condenas “apetecibles” en ningún caso.

Mi consejo: protégete, resguárdate del chaparrón, antes de que caiga, porque aunque no lo creas, a veces cae. El Código Penal, permite a la empresa eximirse de una posible responsabilidad penal, a través de un plan preventivo de delitos. En plata, la empresa ha de demostrar que es consciente de los riesgos que se dan en la misma y que ha adoptado todas las medidas posibles para atajar los mismos, empleando la diligencia de un buen padre y formando a sus empleados en una cultura de cumplimiento.

No me malinterpreten, me declaro incondicionalmente adicta a las cosas de toda la vida. No obstante, por suerte o por desgracia, nací en un tiempo de cambios, sociales, políticos, tecnológicos… y para mí, paradójicamente, el cambio en sí mismo es tradición.

Se percibe por mi generación, que en el mundo “adulto”, existe miedo al cambio. Incluso llega a interpretarse como “libre albedrío”, aparejado a inestabilidad y a falta de rectitud moral. Pero en el momento en el que uno se da cuenta de que, históricamente, sus padres son sus hijos, empiezan a encajar las piezas del puzle.

No se puede juzgar a una persona que lleva la mayor parte de su vida con unas convicciones, por no entender y digerir ciertos cambios, sobre todo sociales. Aquella frase de abuela de “fillo busca una boa moza que sepa cociñar e limpar”. A mí eso me enternece, no me genera crispación, e ineptos serán a mi entender aquellos que vean en ello reproche alguno, pues es parte del ciclo de la historia. Limitémonos a entenderlo como algo que requiere reforma y hagamos juntos un cambio constructivo, en vez de llenarnos la boca de prejuicios y de creernos los más progres por tener unas ideas que ni siquiera son mérito nuestro, sino del tiempo.

ALMA ANTÓN

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REFORMA EN IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿“Ventaja o derecho”?

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Desde comienzos del año 2016, nos hemos cansado de oír alabanzas a la nueva reforma del impuesto de sucesiones en Galicia. Sin pretender faltar a la verdad de su mérito y ventaja para la ciudadanía gallega, no podemos evitar preguntarnos hasta qué punto la exención fiscal en las herencias es un beneficio que hay que agradecer a nuestro “buen Gobierno” o un Derecho constitucional que se nos reconoce no sólo a los gallegos, sino a todos los ciudadanos españoles, en el artículo 33 de la Constitución.

Efectivamente, la reforma de la Ley 13/2015, beneficia al 99% de los gallegos, pero hablamos de beneficio con respecto a la sangrante situación anterior, no como premio a la contribución de los ciudadanos en la buena marcha de la economía en la región.

Desde el 1 de Enero de 2016, se elevó el mínimo exento de tributación de los 125.000 por heredero anteriores a la reforma, a 400.000 euros para ascendientes y descendientes. Por tanto, se calcula que el 99% de la población gallega estará exenta de pagar el impuesto de sucesiones al recibir una herencia.

Otra “ventaja” de esta reforma consiste, en que, si bien antes Hacienda entendía que si heredabas 126.000, estabas obligado a tributar por el total, ahora sólo se tributará por la cantidad que sobrepase el límite exento de los 400.000 euros, lo cual parece más una llamada de alarma al sentido común que un criterio fiscal.

No se dejen engañar por la falsa abnegación de nuestra ejemplar clase política, que intenta que nos la imaginemos en su despacho, escudriñando cada número para averiguar la forma de ayudar a sus queridos ciudadanos. Todos tenemos derecho a sentirnos dignos de hacernos cargo del resultado del sudor y esfuerzo de toda una vida de nuestros padres o abuelos, sin que ello suponga un enorme esfuerzo económico.

En cualquier caso les sugiero que aprovechen la oportunidad para dejar a sus hijos, “obviamente en vida” -a través por ejemplo, de un pacto de mejora o de una apartación de herencia- los bienes sin coste alguno, evitando así las renuncias a la herencia que desde que empezó la dichosa crisis había aumentado un 270%

En las relaciones, como en la vida misma, el juego consiste en dar y recibir, en sentir un “feedback”, pues el altruismo es elección de cada uno, y la sumisión un delirio. No puede ser que el ciudadano se sienta víctima de un gravamen perpetuo, que desincentiva el ahorro y la creación de riqueza. Les invito a hacerse esta pregunta,

¿No es suficiente con pagar por sus bienes en vida, y que después sus hijos sigan pagando por ellos durante el transcurso de la suya, sino que debemos pagar también por el acto de amor de transmitirlos?

Alma Antón

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Susana Cimadevila (ASIME), Julio Dorado (TEDER ABOGADOS), Juan Carlos Aladro (Fiscal Jefe P. Pontevedra), Enrique Mallón (ASIME) y Eugenia Sánchez (TEDER ABOGADOS)

NO ESPEREN A QUE SEA DEMASIADO TARDE

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De izda. a dcha.: Susana Cimadevila (ASIME), Julio Dorado (TEDER ABOGADOS), Juan Carlos Aladro (Fiscal Jefe P. Pontevedra), Enrique Mallón (ASIME) y Eugenia Sánchez (TEDER ABOGADOS)

 

El pasado Viernes 6 de Mayo, tuvimos el placer de dar una conferencia en la sede de la asociación ASIME, en Vigo, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la cada vez más necesaria implantación del CORPORATE COMPLIANCE en las empresas.

Compartiendo ponencia con el Fiscal Jefe de la Provincia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, nos esforzamos por acercar a los empresarios de dicha asociación la información que necesitan sobre la nueva regulación de la responsabilidad penal en la empresa, las posibles conductas delictivas que pueden generar una condena de la empresa, y los últimos pronunciamientos jurisprudenciales en la materia.

Juan Carlos Aladro, abrió su intervención indicando que: “Este es el problema actual más complejo en el derecho español”, en alusión a las últimas reformas del código penal y a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Hay que ser conscientes de los riesgos que corre la empresa tras esta reforma del Código Penal, teniendo en cuenta que ésta puede resultar condenada por un delito cometido por un trabajador, aún en el caso de que éste no sea identificado.

Por ello, en TEDER ABOGADOS queremos colaborar con la empresa en la implantación de un PLAN PREVENTIVO DE DELITOS, que estudie en profundidad los riesgos que puede correr la misma y las políticas que debería adoptar para atajarlos, liberando así al empresario de la carga de vigilar de manera constante la conducta de todos y cada uno de sus empleados.

Así mismo, en el caso de una posible condena, la implantación debida de un plan que acredite que la empresa ha puesto todo su empeño en prevenir estas conductas y en respetar una política de cumplimiento en su seno, podrá eximir a la misma de responsabilidad penal, o en todo caso atenuarla.

Alma Antón

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MAS VALE PREVENIR…

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Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio, de reforma del Código Penal, se perdió la tradicional limitación de la responsabilidad penal de la que gozaban empresa y empresario.

Mientras antes la responsabilidad de los administradores sociales, en el ejercicio de sus cargos, quedaba prácticamente limitada a la llevanza de los libros contables con la diligencia propia de un ordenado empresario, la reforma consagra que de cualquier delito cometido en el seno de una empresa puede ser responsabilizada no sólo la sociedad persona jurídica, sino los administradores sociales y directivos de la misma, por no haber llevado las labores de identificación y prevención de la actividad delictiva.

Con la actual normativa se tipifican una serie de delitos de cuya comisión se responsabilizará no solo a la persona física que directamente lo cometa (directivos, representantes o trabajadores) si no también a la propia mercantil, que podrá ser condenada por la comisión de ese delito, con penas que abarcan desde la multa, clausura de locales y suspensión de actividades, hasta la propia disolución de la sociedad.

¿Y cómo evitarlo? La respuesta es aparentemente sencilla: identificando el riesgo de comisión del delito y poniendo los medios y controles efectivos para minorar las probabilidades de su ocurrencia, de manera análoga a lo que viene sucediendo en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales, donde el empresario no sólo debe acreditar su total diligencia, sino que puso todos sus medios para evitar un eventual accidente en el trabajo.

La sencillez de la respuesta se complica en la práctica, pues esas medidas de prevención requieren de un estudio pormenorizado de la sociedad en cuestión para poder elaborar lo que en el derecho anglosajón ya es práctica habitual desde hace tiempo, el famoso “corporate compliance”, que no es otra cosa que un plan de prevención de delitos adaptado al caso concreto, esto es, elaborado de forma exclusiva para cada sociedad.

Desde Teder Abogados, queremos trasladar una visión positiva de la reforma, pues la buena noticia es que, según la reciente Ley Orgánica 1/2015 de 1 de Julio, tanto la empresa como el administrador social o directivos  quedarán exentos de cualquier responsabilidad penal cuando, con anterioridad a la comisión del delito, se haya llevado a cabo la implantación de un modelo de organización y gestión de los riesgos penales. Incluso si se lleva a cabo en un momento posterior, podría operar como atenuante.

Así las cosas, como profesionales experimentados en el diagnóstico personalizado de la posibilidad de actividad delictiva en el seno de cada empresa, así como en la elaboración de los protocolos de actuación interna necesarios para evitar la comisión de estas actividades delictivas, con la necesaria supervisión periódica, consideramos en este caso, como en tantos otros, que es mejor prevenir que curar.

Eugenia Sánchez González

Julio Dorado Calviño

www.tederabogados.com

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HACIENDA TAMBIÉN SE EQUIVOCA

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Transcurrido el período de autoliquidación voluntaria del IRPF, la Agencia Tributaria pone en marcha sus mecanismos de comprobación que, en no pocos casos, derivan en las temidas liquidaciones paralelas. Estas liquidaciones se originan cuando se detectan errores, omisiones o supuestos fraudes en las declaraciones fiscales.

El problema con el que se ha encontrado Hacienda en los últimos tiempos, es haber utilizado procedimientos inadecuados en sus comprobaciones, lo que en la práctica como se intentará explicar, puede suponer un respiro para los afectados.

Entre los procesos de comprobación  reglados, uno de los más utilizados por la AEAT venía siendo  el de verificación de datos, el mecanismo de control más básico que contempla la legislación tributaria. Pero el error cometido por Hacienda es utilizarlo sistemáticamente en muchos casos, cuando debería haber iniciado un procedimiento de comprobación limitada, figura más compleja, más allá del mero control de carácter formal de las declaraciones. En otras palabras, ha utilizado el procedimiento de verificación de datos para comprobaciones que excedían estos límites.

Pues bien, la buena noticia para los administrados, es que los Tribunales Económicos Administrativos competentes para resolver este tipo de controversias, han dado un giro a su criterio, en el sentido de pasar de declarar dicha actuación errónea de la Administración como anulable, a reconocer la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas.

El matiz es muy importante y con diferentes resultados para el contribuyente, ya que si el acto era considerado “anulable”, a Hacienda le bastaba con dictar otra liquidación utilizando el procedimiento de comprobación limitada. Pero declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia no interrumpió la prescripción y, en muchos casos, se encontrará que el procedimiento de comprobación limitada que pretenda iniciar correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión, ya haya prescrito.

A efectos prácticos, nuestro consejo es que aquellos contribuyentes que hayan sufrido y atendido en último término liquidaciones paralelas, revisen si la Agencia las dictó a través del procedimiento adecuado, pues de no ser así, podrían reclamar la devolución de los ingresos indebidos y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección, sobre la misma infracción alegada en su día por la Administración.

Eugenia Sánchez

Julio Dorado

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¿ESTAMOS REALMENTE ASEGURADOS?

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¿Quién no ha recibido una llamada telefónica en la que un operador le ofrece de buenas a primeras la contratación de un seguro?. Constantemente vemos en los medios de comunicación anuncios y propaganda sobre una infinidad de modalidades y coberturas: de vida, de accidentes, de salud, de daños propios, de responsabilidad civil, de asistencia jurídica; incluso los Bancos ofrecen a sus clientes tasas de bonificación en los tipos de interés de las hipotecas, si se suscribe con ellos algún tipo de póliza. La contratación de estos seguros suele ser sencillísima; es más, en muchos casos incluso se hace por teléfono, sin conocer a nuestro interlocutor o agente, y sin ni siquiera saber de que aseguradora se trata. Pero… ¿y cuando ocurre el siniestro o el percance?. ¿Estamos realmente cubiertos? ¿Nos resulta tan sencillo obtener también la contraprestación esperada?… La respuesta es rotunda: NO.

Observamos en Teder Abogados la proliferación de casos de asegurados descontentos con sus Compañías Aseguradoras. Unas de las pólizas que presentan  mayor conflictividad son las que  los seguros llaman de Vida y Accidentes, que garantizan el pago de una cantidad determinada en caso de fallecimiento o de incapacidad permanente pero que luego rechazan los siniestros y por tanto se niegan a abonar las indemnizaciones garantizadas,  alegando con frecuencia excusas tales como la falta de notificación por parte del asegurado de una patología o enfermedad previa, o bien el  no haber cumplimentado debidamente el denominado cuestionario de salud al momento de la contratación.

En este mismo mes hemos obtenido una  sentencia favorable de fecha  20 Enero de 2015, en la que el Juzgado de primera Instancia nº10 de Vigo condena a la aseguradora a abonar a nuestro cliente la cantidad garantizada ya que no se probó una “ocultación dolosa de información por parte del asegurado en las contestaciones facilitadas acerca de su estado de salud”. En este caso la aseguradora mantenía que el asegurado había mentido al rellenar el cuestionario de salud, y ello a pesar de que falleció 5 años después de formalizar la póliza correspondiente y de muerte súbita .

Existen también numerosos conflictos derivados de los seguros de accidentes que garantizan el pago de una suma determinada en el caso de que se produzca, durante el periodo de vigencia del seguro, una situación de Invalidez Permanente, algo que parece tan obvio para el asegurado -sí tengo un accidente y me declaran en situación de incapacidad permanente el seguro me tiene que abonar la cantidad pactada-, pero luego resulta que no lo es, y se convierte en una fuente inagotable de excusas por las que el asegurador se niega al pago. Todos sabemos que una situación de invalidez permanente total o absoluta, solo puede ser declarada por una resolución dictada, bien por la Dirección Provincial del Instituto de la Seguridad Social o bien por un Órgano Judicial; es a partir de esa resolución cuando nace el derecho del asegurado a obtener  la indemnización pactada con la aseguradora. Pues bien, resulta que muchas aseguradoras se niegan al pago de las indemnizaciones alegando que la incapacidad permanente, en la que ha sido declarado el asegurado, no es la es la misma  que la que se contiene en las condiciones generales de la Póliza, es decir que las cosas no son lo que son, si  no lo que las aseguradoras quieren que sean, aunque esto solo ocurre cuando tienen que abonar una suma de dinero. Esta interpretación alternativa que realizan las Compañías de Seguros acerca de lo que es una incapacidad permanente se contiene en un “librillo” (condiciones generales) que remiten al asegurado, generalmente después de contratar la póliza de seguro. En ese “librillo” existen numerosas cláusulas limitativas entre las cuales se observa, que para la aseguradora, una incapacidad permanente total  nada tiene que ver con lo que entendemos todos, si no que más bien se asemeja a una gran invalidez (pérdida total de la visión, pérdida de la razón, amputación de un miembro, pérdida total de la audición etc..) De manera que cuando tenemos la desgracia de sufrir un accidente que nos incapacita para realizar nuestro trabajo habitual, la aseguradora se niega a abonar la indemnización. ¿Qué ocurre en estos casos?, ¿Es legítima la interpretación que hace la aseguradora de lo que es una incapacidad permanente? En realidad podría serlo, siempre y cuando dicha interpretación fuese informada y transmitida convenientemente al asegurado en el momento de contratar el seguro, cosa que nunca se hace, pues a la Compañía o al “vendedor de seguros” no le interesa que el potencial cliente conozca que en realidad no está asegurando lo que cree que está asegurando, lo que verdaderamente le interesa es vender un seguro.

Otro de los motivos que pretenden argumentar las aseguradoras para negarse al pago, es que la incapacidad en la que incurra el asegurado debe ser irreversible; tal irreversibilidad choca frontalmente con lo establecido en la Ley de General de la Seguridad Social por la que todas las Incapacidades Permanentes son revisables tanto por mejoría como por agravación. Esta cláusula limitativa es incluida por la aseguradora en el aludido “librillo” que contiene un sinfín de artículos “oscuros” de difícil lectura e imposible comprensión.

Afortunadamente existen numerosos pronunciamientos judiciales que declaran el carácter abusivo de estas cláusulas y sobre todo el que las mismas no han sido convenientemente informadas y mucho menos aceptadas expresamente por el asegurado, lo que da lugar, en la mayoría de los casos, a condenar a la aseguradora no solo al pago de las pólizas contratadas sino también a los intereses y costas judiciales.

 

Julio Dorado Calviño. Abogado

Eugenia Sánchez González. Abogado

 

 

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