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EL GOBIERNO APRUEBA UN REAL DECRETO-LEY DE ADECUACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS, SIN ESPERAR A LA APROBACIÓN DE LA NUEVA LEY.

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Desde el pasado 25 de Mayo, nadie es ajeno a los grandes cambios que Europa ha impuesto en materia de protección de datos, entre los que destaca el notable incremento de las sanciones, pues en la Ley Orgánica de 1999 la cuantía máxima prevista eran 600.000 €, y desde la Unión Europea se habla de multas de hasta 20 millones de euros o del 4 % de facturación anual.

Por otro lado, se refuerza enormemente el derecho de los interesados a la información sobre el tratamiento que por terceros se realiza de sus datos personales, incorporándose además tres derechos más a los ya conocidos como derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Concretamente, se suman el derecho al olvido, a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de los datos.

Así mismo, uno de los cambios que más revuelo ha causado y que nos ha hecho a todos víctimas de innumerables correos electrónicos, es la necesidad de consentimiento expreso del interesado para tratar sus datos, debiendo ser informado de la finalidad del tratamiento, de la duración del mismo, y de las posibles cesiones a terceros de las que puedan ser objeto.

En este escenario de cambios, nos encontramos con muchas contradicciones entre el Reglamento Europeo y nuestra legislación actual, que hacen imprescindible la  aprobación de una nueva ley para adaptar nuestro ordenamiento a lo establecido en el citado reglamento, lo cual se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

Pero teniendo en cuenta el carácter urgente de la adecuación al Reglamento Europeo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio, a propuesta de la Ministra de Justicia aprobó el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

A grandes rasgos, podemos hablar de tres cuestiones que se regulan en el Real Decreto, en vigor desde hoy, 31 de julio de 2018:

1ºInspección en materia de protección de datos:

En materia de inspección, mientras que la LOPD del 99 limitaba esta función a la autoridad de control, podrán ahora realizar esta labor tanto los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos como funcionarios ajenos a la Agencia habilitados por ésta.

Además, se prevé la actuación conjunta de los Estados miembros cuando se trate de tratamientos de datos trasfronterizos o tratamientos transfronterizos con relevancia local en un único Estado, en cuyo caso habrá que actuar conforme a lo previsto en la normativa de cada Estado y con orientación y presencia de la autoridad de control de dicho Estado.

2º Régimen sancionador:

En este sentido, se incrementa el número de responsables de la vulneración de derechos de los interesados en materia de protección de datos personales, pues mientras en la LOPD se limitaba a los responsables y encargados de tratamiento, se incluyen ahora los representantes de los responsables y encargados de tratamiento (figura que se refiere a la representación en países a donde trascienda el tratamiento de los datos), las entidades de certificación y las entidades acreditadas de supervisión de Códigos de Conducta.

3º Procedimiento a seguir en caso de posibles vulneraciones en materia de protección de datos:

El Reglamento Europeo distingue tres tipos de tratamientos a los que se aplican distintas normas de procedimiento: trasfronterizos, trasfronterizos con relevancia local en un Estado, y tratamientos exclusivamente nacionales.

En los dos primeros casos, esto es, en aquellos casos en que los datos trasciendan nuestras fronteras, la Agencia Española de Protección de Datos habrá de trasladar las propuestas de resolución a las autoridades de control de los Estados implicados, que en un plazo tasado habrán de emitir sus observaciones, debiendo resolver a falta de acuerdo el Comité Europeo de Protección de Datos.

En el resto de los casos, es decir, cuando estemos ante una posible vulneración en un tratamiento a nivel exclusivamente nacional, se establecen en el Real Decreto los pasos a seguir por la autoridad de control, esto es, la AEPD.

Alma Antón

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LA ERA DE LA AUTORREGULACIÓN, OLE POR LOS VALIENTES!

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Este post va dirigido a aquellos que, en tiempos como los que vivimos, lejos de sucumbir ante la comodidad de ver su nómina en el banco a final de mes y no torturar a su almohada, deciden emprender una actividad económica en este país, ingenuamente convencidos, de que las dificultades que se encontrarán por el camino, estarán directamente relacionadas con el sueño por el que tan rotundamente han decidido apostar, y por ello las asumirán con gusto.

Mal sabrán ellos que aunque consigan poner en marcha su negocio,  con la satisfacción que produce que gracias a su proyecto puedan obtener el sustento los miembros que escoja para su equipo, sus problemas no han hecho más que empezar.

Tendrán que enfrentarse, simplemente por ejercer una actividad económica, a una incesante presión y fiscalización por parte de la Administración Pública, y de la Europa que viene con fuerza a imponernos sus criterios del buen hacer.

No se pretende negar el efecto positivo que tendrá el incremento de regulación y control sobre el tejido empresarial, pero será dura la transición hasta que la cultura de cumplimiento y la rigurosa observancia normativa estén tan impregnadas en el día a día de la empresa que se conviertan en algo innato a sus miembros.

Pero esto no termina aquí, pues además de tener que destinar recursos, financieros y humanos, a la observancia de la ingente cantidad de normas que rigen el desarrollo de una actividad económica, ahora se espera que sea la propia empresa quien se autoregule, se analice y decida, según su buen criterio, los riesgos que corre en su actividad y los controle como buenamente pueda.

Se ve meridianamente clara esta intención por parte de los que legislan, en los dos temas por excelencia, que a día de hoy preocupan al empresario: la adaptación al Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, y la implementación en la empresa de sistemas de Compliance, que cumplan las exigencias del Código Penal desde su reforma en el año 2015.

Como asesores jurídicos, escuchamos cada día las protestas al aire de los empresarios que se resisten a la idea de tener que hacer de policías con sus trabajadores, crear sus propias normas, vigilar el cumplimiento de las mismas, y todo ello sin la certeza de estar en el camino correcto, sin la seguridad de que, a pesar de invertir tiempo y dinero en intentar cumplir con todo el entramado de normas que pesan sobre él, va a librarse de la pena de muerte a la que se pueden enfrentar  las empresas si un empleado se salta la ley y comete un delito en el seno de la misma.

No podemos evitar la llegada de esta era, la de la autoregulación, que viene pisando fuerte desde Europa y que nos hace partícipes a todos de la labor de crear una cultura de cumplimiento en nuestras actividades profesionales. Pero lo que sí podemos, con una gran satisfacción, es acompañar al empresario en ese rumbo hacia la excelencia, ofreciéndole un asesoramiento integral, formando a sus empleados en las exigencias normativas actuales, y en definitiva, respaldándole en la incierta labor de cumplir con todos los efectos colaterales que le ha traído apostar por su sueño.

Alma Antón

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CONCIENCIA DE NECESIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DEL COMPLIANCE

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Como se mencionaba en el último post hace unos meses, el Corporate Compliance se ha convertido en el tema jurídico estrella. De hecho, cada vez son más numerosas las empresas a las que asesoramos en el camino a la implantación de la normativa en sus organizaciones.

Y ello no es casualidad, sino que se debe al creciente interés de las corporaciones en la implantación de una cultura de cumplimiento en su seno, tanto por la exigencia del mismo en sus relaciones comerciales como por una cuestión de organización interna, lo que aumenta paulatinamente la conciencia de su necesidad.

Así mismo, pese a la ambigüedad inicial de esta normativa, que se limitaba a un artículo vago e impreciso del Código Penal, progresivamente se han ido despejando las incógnitas, precisándose cada vez más los requisitos que han de cumplirse y la operativa que ha de seguirse por las organizaciones.

Además de las directrices indicadas por la Fiscalia General del Estado, o los estándares nacionales e internacionales, a comienzos de este año, se ha publicado por la Asociación Española de Compliance (ASCOM), un Libro Blanco sobre la Función de Compliance, donde se recogen los trazos básicos que definen los pasos que deben dar las organizaciones para su implantación y el cometido esencial de los responsables dentro de la misma.

Se habla en el mismo de la importancia de la prevención, detección y gestión de los riesgos empresariales en el ámbito penal, para cuyo análisis habrán de tomarse en consideración las circunstancias internas y externas de las compañías. Dentro de las circunstancias internas jugarán un papel importante, tanto en el riesgo empresarial que exista como en la complejidad de atajarlo, las cifras de negocio, el número de empleados, los terceros con quien mantiene relaciones de negocio, o la complejidad de las transacciones que realiza. Por otro lado, influirá como circunstancia externa el sector en que opere la empresa, su objeto social o el marco regulador al que esté sometida.

También se resalta la necesidad de que la función del oficial u órgano de cumplimiento, esté dotada de autonomía e independencia, con poder suficiente para la toma de decisiones y lejos de influencias o incentivos como las relaciones comerciales o las cifras económicas de la empresa, que en ningún momento deben guardar relación con su labor o incidir en ella.

Por tanto, es creciente y así nos lo hacen saber nuestros clientes, la conciencia de la necesidad de adoptar un sistema de cumplimiento normativo interno, como factor clave para el buen gobierno corporativo, implicando a todos los miembros de la misma y dotándola de personal cualificado para su gestión.

Alma Antón

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CORPORATE COMPLIANCE. EL TEMA JURÍDICO ESTRELLA

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A pesar de que hace ya siete años de la incorporación en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su seno, parece que en los últimos meses se ha convertido en el tema jurídico estrella y en la principal preocupación para los directivos de empresas de nuestro país.

Ello puede responder al escepticismo inicial que rodeó a esta nueva figura jurídica, pues nadie comprendía aquello de “una empresa puede cometer delitos”, lo que ha hecho que su engranaje haya tenido dificultades en nuestro ordenamiento. No obstante ello no ha detenido a los Tribunales que ya cuentan a día de hoy con numerosas sentencias de condena a personas jurídicas por la comisión de delitos.

Parece también que su inclusión en el Código Penal genera cierto impacto en las empresas españolas, acostumbradas a moverse en el ámbito de sanciones administrativas. No obstante, a pesar de que el sistema penal español es uno de los más duros de Europa, es un derecho de intervención mínima, por lo que debemos enfocar esta norma más a la prevención que a la sanción.

En nuestra labor como profesionales en este ámbito, observamos día a día el desafío que supone para el empresario de a pie, tener que enfrentarse a cambios normativos constantes, invirtiendo en ello su tiempo y su dinero, mientras lucha por salir a flote en un mercado cada vez más competitivo y todavía recuperándose de los efectos de una crisis devastadora.

A ellos se dirigen estos párrafos, para transmitirles que la finalidad de la implantación del Corporate Compliance en sus empresas, no solamente se dirige a obtener una prueba ante un Tribunal, sino también a apostar por una ética corporativa y una cultura de cumplimiento que son la clave del progreso y del crecimiento sostenible en el tiempo.

Para ello debe existir un compromiso por parte de los directivos y órganos de administración, que realmente quieran apostar por introducir en su empresa una verdadera conciencia de prevención y de cumplimiento normativo, y aprovechar esta nueva exigencia para analizar no solo los riesgos penales de su empresa, sino aquellos que al hilo de los mismos se puedan detectar, mejorando en su actuar en el mercado, su reputación y su productividad.

Alma Antón

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LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

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La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 

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BONIFICACIONES POR FORMACIÓN EN “CORPORATE COMPLIANCE”: ¿En qué se puede beneficiar mi empresa?

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Formación bonificada. Fundación Tripartita. ¿Qué es todo esto?

Las empresas privadas (salvo contada excepción) cotizan obligatoriamente una cantidad a través de las nóminas de sus trabajadores. A cambio de esto reciben un crédito anual para la formación (continua) de sus trabajadores, que en la pequeña y mediana empresa puede cubrir el 100% de lo que inviertan en formación.

Desde el pasado mes de Octubre, en TEDER ABOGADOS somos ENTIDAD FORMADORA Y ORGANIZADORA reconocida por la  Fundación Tripartita.

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Como entidad formadora, tenemos capacidad para formar a los empleados de cualquier empresa en la nueva regulación de “la responsabilidad penal de la empresa”en la que estamos especializados, además de ayudarles en la implantación del necesario Plan Preventivo de delitos (PPD), o “CORPORATE COMPLIANCE”.

Al ser también entidad organizadora reconocida por la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Antigua Fundación Tripartita),  nos encargamos de gestionar todas las acciones formativas, así como los trámites oportunos para que la empresa pueda recibir formación bonificada.

 

 

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ACTITUD PRO ACTIVA ANTE LAS EXIGENCIAS DEL CÓDIGO PENAL.

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http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/09/11/congreso-mediacion-advierte-empresa-debe/1531128.html

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Los operadores jurídicos de nuestro país advierten de la necesidad de implantación en las empresas de un plan de cumplimiento normativo.

“La empresa que cometa un delito y no tenga un plan de responsabilidad penal implantado será condenada irremediablemente, a raíz de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015″. Fue la máxima pronunciada por la totalidad de los ponentes que intervinieron en la tercera y última jornada del “I Congreso Internacional de Mediación, Arbitraje y Compliance” celebrado en el Auditorio de Vilagarcía.

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