CORPORATE COMPLIANCE. EL TEMA JURÍDICO ESTRELLA

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A pesar de que hace ya siete años de la incorporación en el Código Penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su seno, parece que en los últimos meses se ha convertido en el tema jurídico estrella y en la principal preocupación para los directivos de empresas de nuestro país.

Ello puede responder al escepticismo inicial que rodeó a esta nueva figura jurídica, pues nadie comprendía aquello de “una empresa puede cometer delitos”, lo que ha hecho que su engranaje haya tenido dificultades en nuestro ordenamiento. No obstante ello no ha detenido a los Tribunales que ya cuentan a día de hoy con numerosas sentencias de condena a personas jurídicas por la comisión de delitos.

Parece también que su inclusión en el Código Penal genera cierto impacto en las empresas españolas, acostumbradas a moverse en el ámbito de sanciones administrativas. No obstante, a pesar de que el sistema penal español es uno de los más duros de Europa, es un derecho de intervención mínima, por lo que debemos enfocar esta norma más a la prevención que a la sanción.

En nuestra labor como profesionales en este ámbito, observamos día a día el desafío que supone para el empresario de a pie, tener que enfrentarse a cambios normativos constantes, invirtiendo en ello su tiempo y su dinero, mientras lucha por salir a flote en un mercado cada vez más competitivo y todavía recuperándose de los efectos de una crisis devastadora.

A ellos se dirigen estos párrafos, para transmitirles que la finalidad de la implantación del Corporate Compliance en sus empresas, no solamente se dirige a obtener una prueba ante un Tribunal, sino también a apostar por una ética corporativa y una cultura de cumplimiento que son la clave del progreso y del crecimiento sostenible en el tiempo.

Para ello debe existir un compromiso por parte de los directivos y órganos de administración, que realmente quieran apostar por introducir en su empresa una verdadera conciencia de prevención y de cumplimiento normativo, y aprovechar esta nueva exigencia para analizar no solo los riesgos penales de su empresa, sino aquellos que al hilo de los mismos se puedan detectar, mejorando en su actuar en el mercado, su reputación y su productividad.

Alma Antón

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LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, ¿ víctimas o verdugos?

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La reforma del sistema para la valoración de los daños en accidentes de circulación, teóricamente fue inspirada por principios como “la reparación íntegra de los daños y perjuicios causados”, “interpretación  uniforme de las reglas del sistema”, “adecuada compensación a la víctima”, “incremento de la cuantía de las indemnizaciones”, etc.

 Un estudio superficial de dicha reforma, y de su aplicación en la realidad en estos meses de vigencia, permiten comprobar que la consecuencia de ésta ley no es otra que el enriquecimiento de las compañías aseguradoras.

 Los cambios más característicos de la reforma se refieren pues a “la despenalización de los accidentes de tráfico” o “el aumento de las indemnizaciones en los accidentes con consecuencias graves”, pero éste último tiene como contrapartida la desaparición casi absoluta del derecho a indemnización en los accidentes con consecuencias leves como puede ser el latigazo cervical, que a pesar de su consideración de lesión de baja intensidad, puede causar problemas a largo plazo.

¿Dónde está el truco? Las leyes se deben dictar respondiendo a necesidades sociales, pero lo cierto es que en la actualidad los accidentes leves son los más habituales, pues la densidad del tráfico, el aumento de las medidas de seguridad, y el sistema de puntos en el carné, han supuesto un descenso significativo de los accidentes con consecuencias graves, por lo que las aseguradoras se van a ahorrar muchos millones en indemnizaciones con ésta reforma.

Nos han convencido, a través de los medios de comunicación, y de estadísticas de dudosa procedencia, de que las compañías aseguradoras eran las grandes perjudicadas por el sistema de valoración de daños, debido al altísimo número de fraudes de los particulares para la obtención de indemnizaciones.

Estas estadísticas le hacen a uno plantearse dónde está realmente el fraude. Nos atiborran a diario con anuncios y propaganda sobre infinidad de modalidades y coberturas de seguros, de contratación casi inmediata en la que todo parece extremadamente sencillo y nos hacen sentir que ante cualquier siniestro, aparecerá la heroica compañía de seguros para resolver todos nuestros problemas. Pero, ¿y cuando ocurre el siniestro? , ¿resulta tan sencillo obtener la contraprestación esperada?. Obviamente, no es así. En ese momento comenzará una lucha con la compañía, que se armará de una fuente inagotable de excusas para no proceder al pago de una indemnización.

Como señalaba anteriormente, las víctimas de accidentes de tráfico con lesiones leves, esto es, las más habituales, se encuentran ante un camino extremamente complicado para ver satisfecho su derecho a indemnización.

En primer lugar, la despenalización de los accidentes supone un retraso considerable del procedimiento, en el que se instauran innumerables trabas para la víctima, que desgraciadamente en muchos casos acepta cantidades muy inferiores a las que le corresponderían por una falta de tiempo, dinero y paciencia.

Para que el perjudicado pueda reclamar judicialmente su derecho, ha de esperar a recibir de la compañía aseguradora una suerte de oferta motivada de indemnización, que cuenta con tres meses, y por supuesto los agota, para empezar así a agotar a la víctima.

Una vez que ser recibe dicha propuesta, siempre inferior a la que corresponde por las lesiones, empieza un procedimiento en el que se parte de una desigualdad de armas absoluta. La compañía se cargará con medios de coste mínimo para ésta, como la negación del nexo de causalidad, por lo que en la  mayoría de los casos se concluye que los daños materiales no se corresponden con las lesiones que se aducen por la víctima, por lo que no se puede haber producido la lesión.

No obstante, y así se ha pronunciado la mayor parte de la jurisprudencia, la fuerza del impacto no es el único factor que influye en la lesión, si no múltiples causas como la posición de la persona en el momento de la colisión, su complexión física, edad, las características del vehículo, etc. Pero para demostrarlo la víctima habrá de hacerse con informes que contrarresten los de la compañía, y a los que muchas veces no se puede acceder por una cuestión económica, lo que le hace al particular plantearse la utilidad de ésta batalla.

Desde TEDER ABOGADOS queremos ayudarles en esta lucha, pues a pesar de las complicaciones que trae esta nueva regulación, no debemos renunciar a nuestros derechos, y hemos de intentar poner fin a los abusos de las compañías aseguradoras.

 NO SE RINDAN.

Alma Antón.

 

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BONIFICACIONES POR FORMACIÓN EN “CORPORATE COMPLIANCE”: ¿En qué se puede beneficiar mi empresa?

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Formación bonificada. Fundación Tripartita. ¿Qué es todo esto?

Las empresas privadas (salvo contada excepción) cotizan obligatoriamente una cantidad a través de las nóminas de sus trabajadores. A cambio de esto reciben un crédito anual para la formación (continua) de sus trabajadores, que en la pequeña y mediana empresa puede cubrir el 100% de lo que inviertan en formación.

Desde el pasado mes de Octubre, en TEDER ABOGADOS somos ENTIDAD FORMADORA Y ORGANIZADORA reconocida por la  Fundación Tripartita.

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Como entidad formadora, tenemos capacidad para formar a los empleados de cualquier empresa en la nueva regulación de “la responsabilidad penal de la empresa”en la que estamos especializados, además de ayudarles en la implantación del necesario Plan Preventivo de delitos (PPD), o “CORPORATE COMPLIANCE”.

Al ser también entidad organizadora reconocida por la Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Antigua Fundación Tripartita),  nos encargamos de gestionar todas las acciones formativas, así como los trámites oportunos para que la empresa pueda recibir formación bonificada.

 

 

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ACTITUD PRO ACTIVA ANTE LAS EXIGENCIAS DEL CÓDIGO PENAL.

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http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/09/11/congreso-mediacion-advierte-empresa-debe/1531128.html

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Los operadores jurídicos de nuestro país advierten de la necesidad de implantación en las empresas de un plan de cumplimiento normativo.

“La empresa que cometa un delito y no tenga un plan de responsabilidad penal implantado será condenada irremediablemente, a raíz de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2015″. Fue la máxima pronunciada por la totalidad de los ponentes que intervinieron en la tercera y última jornada del “I Congreso Internacional de Mediación, Arbitraje y Compliance” celebrado en el Auditorio de Vilagarcía.

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ADAPTARSE O MORIR (Atlántico Diario)

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Alma Antón

Oh, España, un país de tradición, un país donde nos gustan las cosas “de toda la vida”, un país de gente de bien, un país donde lo de siempre es la mejor opción, donde nos gusta comer en “Casa Paco”, y que el camarero nos sirva lo que queremos sin necesidad de decirlo….

Señores, permítanme el atrevimiento, un país de necios…

Pienso en la famosa cita de Darwin, “adaptarse o morir”, y en un intento de extrapolarlo a la cultura que existe en nuestro país, no me salen las cuentas.

Darwin decía que no sobrevivirán aquellas especies más fuertes, sino las que mejor se adapten a los cambios. Trasladando su filosofía al mundo profesional, se me ocurren cantidad de situaciones en las que se fracasa por no tener la capacidad de adaptarse.

El empresario de siempre, vive enamorado de lo de siempre, porque ha obtenido resultados, y “si algo funciona, mejor no tocarlo”. ¡Error! Despierten, viven en un mundo cambiante, donde el mercado al que se dirigen cambia constantemente. La necesidad de adaptación es la piedra angular del mundo empresarial actual.

Una de cal y una de arena. Querido empresario, te entiendo, entiendo que has apostado por tu idea y parece que cada vez es menos tuya y más de la ley, pues te atosigan con prohibiciones, con controles, y tu margen de actuación se reduce sin retorno.

Pero tienes que asumir, digerir y cambiar, pues en último término,

“Te subes al barco del cambio o te ahogas en tu tradición”.

La última novedad, el “no va a más”, tu empresa puede salir condenada por un delito penal. Espera, pero ¡¿cómo es posible?!¡¿cómo va a ir a la cárcel una empresa?!. Así es, la empresa puede ser condenada por delitos cometidos en su seno, y si bien es cierto que la empresa como ente no es susceptible de condena de prisión, una intervención judicial o una suspensión de actividad no son condenas “apetecibles” en ningún caso.

Mi consejo: protégete, resguárdate del chaparrón, antes de que caiga, porque aunque no lo creas, a veces cae. El Código Penal, permite a la empresa eximirse de una posible responsabilidad penal, a través de un plan preventivo de delitos. En plata, la empresa ha de demostrar que es consciente de los riesgos que se dan en la misma y que ha adoptado todas las medidas posibles para atajar los mismos, empleando la diligencia de un buen padre y formando a sus empleados en una cultura de cumplimiento.

No me malinterpreten, me declaro incondicionalmente adicta a las cosas de toda la vida. No obstante, por suerte o por desgracia, nací en un tiempo de cambios, sociales, políticos, tecnológicos… y para mí, paradójicamente, el cambio en sí mismo es tradición.

Se percibe por mi generación, que en el mundo “adulto”, existe miedo al cambio. Incluso llega a interpretarse como “libre albedrío”, aparejado a inestabilidad y a falta de rectitud moral. Pero en el momento en el que uno se da cuenta de que, históricamente, sus padres son sus hijos, empiezan a encajar las piezas del puzle.

No se puede juzgar a una persona que lleva la mayor parte de su vida con unas convicciones, por no entender y digerir ciertos cambios, sobre todo sociales. Aquella frase de abuela de “fillo busca una boa moza que sepa cociñar e limpar”. A mí eso me enternece, no me genera crispación, e ineptos serán a mi entender aquellos que vean en ello reproche alguno, pues es parte del ciclo de la historia. Limitémonos a entenderlo como algo que requiere reforma y hagamos juntos un cambio constructivo, en vez de llenarnos la boca de prejuicios y de creernos los más progres por tener unas ideas que ni siquiera son mérito nuestro, sino del tiempo.

ALMA ANTÓN

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TODOS A LA CÁRCEL

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chains-19176_960_720He aquí una invitación a la reflexión:

España es uno de los países que menor tasa de criminalidad tiene de toda Europa, lo que sin duda lo convierte en uno de los países que menos actividad delictiva tiene en el mundo. Sin embargo, nuestro sistema penal es uno de los más duros, y por si fuera poco, parece haberse despertado en nuestros legisladores una ansiedad irrefrenable por criminalizarlo todo.

Sabemos que el respeto a las libertades individuales se cuestiona en momentos de amenazas flagrantes para la seguridad ciudadana como es el caso del terrorismo, en los que parece primar la lucha contra la criminalidad frente a la salvaguarda de los derechos.

Pero no podemos olvidarnos de que en nuestro Estado democrático, el derecho penal persigue, además del castigo por el castigo, la reinserción social, y es en esa dirección en la que ha de caminar la política criminal. Además, la experiencia nos demuestra que el aumento en el rigor punitivo no es directamente proporcional a un descenso de la delincuencia.

Tienen una gran relevancia en este ámbito los medios de comunicación, pues en la creciente sociedad de la información, los juicios paralelos por parte de la opinión pública se hacen cada vez más intensos.

Y es en este panorama, en el que un Estado, bajo la presión mediática, se plantea el debate de qué interés debe primar, si la persecución del crimen a cualquier precio, utilizando para ello todos los medios a su alcance, o el respeto a derechos catalogados como indisponibles en nuestra Carta Magna.

Parece que nuestro país no lo ha tenido difícil a la hora de endurecer las penas y recortar las libertades, pues nuestros queridos ciudadanos no dudan un segundo en entregar su alma al diablo con tal de que no le toquen su “zona de confort”.

Es sencillo manipular la opinión de quienes desconocen la necesidad de protección de los derechos fundamentales de la Constitución por encima de cualquier otro interés, de quiénes difícilmente perciben el juego de equilibrio de derechos; en definitiva, de aquellos que comprensiblemente encuentran un delirio que pueda eximirse de responsabilidad penal a alguien acusado de agresión sexual o terrorismo por no existir actividad probatoria de cargo suficiente, cuando se trata de delitos que generan un gran rechazo en la opinión pública.

El filósofo Hobbes, partía en su filosofía política de la idea de que la humanidad se compone de seres individuales conducidos por sus pasiones, aquello de “el hombre es un lobo para el hombre” tratando de encontrar la mejor manera de trasladar este individualismo irracional a la construcción de una sociedad, de forma que sea posible la convivencia y gobierno de los hombres.

¿Cuál fue su conclusión? Que los hombres debían renunciar a su libertad y a esas “pasiones” alejadas de la racionalidad y que mantenían al hombre en guerra, por un pacto irrevocable, para que un órgano soberano les garantice a todos que vivirán en paz, a través de un poder coercitivo, que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de su mandato.

Hoy en día esto nos parece un disparate, no obstante, aquel que quiera tener la perspicacia de analizar nuestro sistema actual puede observar claramente la regresión penal en la que estamos inmersos, debido principalmente a legislar “en caliente”, movidos por un sensacionalismo o emotividad  en el ámbito penal. No olvidemos que los grandes dictadores de la historia eran ídolos de masas.

No puedo evitar, y creo que hablo en nombre de todos aquellos que creemos en las libertades y la democracia, pensar en aquella frase que decía:

“Alguien ha secuestrado a la justicia y la ha ocultado en la ley”

Alma Antón 

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REFORMA EN IMPUESTO DE SUCESIONES: ¿“Ventaja o derecho”?

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Desde comienzos del año 2016, nos hemos cansado de oír alabanzas a la nueva reforma del impuesto de sucesiones en Galicia. Sin pretender faltar a la verdad de su mérito y ventaja para la ciudadanía gallega, no podemos evitar preguntarnos hasta qué punto la exención fiscal en las herencias es un beneficio que hay que agradecer a nuestro “buen Gobierno” o un Derecho constitucional que se nos reconoce no sólo a los gallegos, sino a todos los ciudadanos españoles, en el artículo 33 de la Constitución.

Efectivamente, la reforma de la Ley 13/2015, beneficia al 99% de los gallegos, pero hablamos de beneficio con respecto a la sangrante situación anterior, no como premio a la contribución de los ciudadanos en la buena marcha de la economía en la región.

Desde el 1 de Enero de 2016, se elevó el mínimo exento de tributación de los 125.000 por heredero anteriores a la reforma, a 400.000 euros para ascendientes y descendientes. Por tanto, se calcula que el 99% de la población gallega estará exenta de pagar el impuesto de sucesiones al recibir una herencia.

Otra “ventaja” de esta reforma consiste, en que, si bien antes Hacienda entendía que si heredabas 126.000, estabas obligado a tributar por el total, ahora sólo se tributará por la cantidad que sobrepase el límite exento de los 400.000 euros, lo cual parece más una llamada de alarma al sentido común que un criterio fiscal.

No se dejen engañar por la falsa abnegación de nuestra ejemplar clase política, que intenta que nos la imaginemos en su despacho, escudriñando cada número para averiguar la forma de ayudar a sus queridos ciudadanos. Todos tenemos derecho a sentirnos dignos de hacernos cargo del resultado del sudor y esfuerzo de toda una vida de nuestros padres o abuelos, sin que ello suponga un enorme esfuerzo económico.

En cualquier caso les sugiero que aprovechen la oportunidad para dejar a sus hijos, “obviamente en vida” -a través por ejemplo, de un pacto de mejora o de una apartación de herencia- los bienes sin coste alguno, evitando así las renuncias a la herencia que desde que empezó la dichosa crisis había aumentado un 270%

En las relaciones, como en la vida misma, el juego consiste en dar y recibir, en sentir un “feedback”, pues el altruismo es elección de cada uno, y la sumisión un delirio. No puede ser que el ciudadano se sienta víctima de un gravamen perpetuo, que desincentiva el ahorro y la creación de riqueza. Les invito a hacerse esta pregunta,

¿No es suficiente con pagar por sus bienes en vida, y que después sus hijos sigan pagando por ellos durante el transcurso de la suya, sino que debemos pagar también por el acto de amor de transmitirlos?

Alma Antón

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